Revista Cienca de UCES
Vol. 30 N°2 (Julio- diciembre de 2025)
ISSN Electrónico: 2591-5266 (pp. 1-43)
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El Femicidio como Problema Público:
La Construcción de la Figura de Vícma Colateral
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Lic. Leila Srur
ORCID: hps://orcid.org/0009-0004-7350-9278
lei.srur@hotmail.com
Arculo presentado para su publicación el día 5 de julio de 2025
Arculo aceptado para su publicación el día 22 de octubre de 2025
ARK/CAICYT: hps://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25915266/jol1akv8r
RESUMEN
Este arculo se basa en una invesgación cualitava que intenta dar cuenta del recorrido que
realizó la gura de vícma colateral para ingresar a la agenda pública y consolidarse como una gura
innovadora y objeto de políca pública. En ese recorrido, nos interesa especialmente atender a los
actores involucrados, las alianzas que tejieron, los criterios expertos y morales que implementaron, y
las controversias surgidas.
El ingreso de la gura de vícma colateral como problemáca - previamente considerada
como privada a la agenda pública de resolución de problemas, implica comprender de qué manera el
femicidio se consolidó como un problema público.
1
Arculo original aceptado para su publicación el día 22 de octubre de 2025. Este trabajo de invesgación se
llevó a cabo como tesis nal de la Maestría de Estudios de Género de UCES y contó con la dirección de la Dra.
Carla Zibecchi.
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ABSTRACT
This arcle is based on qualitave research that seeks to account for the trajectory through
which the gure of the collateral vicm entered the public agenda and became consolidated as an
innovave category and an object of public policy. Throughout this process, parcular aenon is
paid to the actors involved, the alliances they formed, the expert and moral criteria they deployed,
and the controversies that emerged.
The incorporaon of the gure of the collateral vicm as a public issue—previously regarded
as a private maer—into the public problem-solving agenda requires an understanding of how
femicide became consolidated as a public problem.
RESUMO
Este argo baseia-se em uma pesquisa qualitava que busca dar conta do percurso por meio
do qual a gura da víma colateral ingressou na agenda pública e se consolidou como uma categoria
inovadora e objeto de políca pública. Ao longo desse percurso, interessa-nos especialmente
considerar os atores envolvidos, as alianças que estabeleceram, os critérios técnicos e morais que
mobilizaram, bem como as controvérsias que emergiram.
A incorporação da gura da víma colateral como problemáca — anteriormente
considerada de âmbito privado — à agenda pública de resolução de problemas implica compreender
de que maneira o feminicídio se consolidou como um problema público.
1. Introducción
El presente arculo retoma una invesgación de maestría, realizada sobre la construcción y
emergencia de la gura de vícma colateral, desde la perspecva de los problemas públicos. En este
sendo, el punto de parda se coloca en el femicidio de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada por
su ex-pareja a nes del año 2014. El caso rápidamente tomó status público debido a que la familia de
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la vícma efectuó una serie de reclamos por las dicultades económicas que enfrentaban, debido a
la necesidad de hacerse cargo de lxs hijxs de la joven, entre ellxs Brisa.
El femicidio de Daiana Barrionuevo representó una muerte violenta que impulsó un cambio
signicavo, conviréndose en un hecho de carácter social y políco que llevó a una intervención
estatal y provocó transformaciones en las polícas públicas. En este contexto, se puede señalar el
precedente del caso de Wanda Taddei (asesinada el 21 de febrero de 2010), cuyo femicidio fue clave
en la consolidación de esta categoría legal. Este precedente sugiere que, en cada ciclo políco,
existen muertes que reejan los conictos especícos del momento y los temas emergentes, y logran
repercur socialmente, generando cambios signicavos (Gayol y Kessler, 2018).
Esto nos llevó a preguntarnos acerca de la singularidad del caso de Daiana Barrionuevo y su
impacto en materia de políca pública. Adicionalmente, otros interrogantes que guiaron la
invesgación giraron en torno a las siguientes preguntas: ¿qué contexto acompañó este proceso?
¿qué deniciones se hicieron del fenómeno? ¿quiénes fueron lxs protagonistas o generadores de
esas deniciones? ¿qué saberes o argumentos tuvieron en consideración para hacerlas?
1.1 Hipótesis:
Nuestro supuesto es que la innovación que consisó en la introducción de la gura de
“vícma colateral” fue parte de un proceso complejo, con controversias y complejidades propias del
debate público y políco. La hipótesis de trabajo es la siguiente: la construcción de la gura de
vícma colateral implicó un largo proceso en el cual se produjeron: a) alianzas, disputas y
controversias entre actores que se movilizaron; b) nuevos argumentos y saberes expertos; y c)
criterios morales especícos en parcular en relación con una lectura de las necesidades de las
vícmas (lxs niñxs y adolescentes, idea de “mujer-madre-cuidadora”).
En función de las preguntas esgrimidas anteriormente, los objevos de la invesgación
fueron:
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Objevos generales:
Indagar en el proceso de construcción de la gura de vícmas colaterales como parte de la
constución del femicidio como problema público.
Analizar los efectos de la introducción de la gura de vícmas colaterales en el plano
normavo y de criterios de políca pública.
Objevos especícos:
Describir los argumentos, saberes expertos y criterios morales que se movilizaron para la
construcción de la gura de vícma colateral.
Idencar actores (grupos organizados, expertos) que sostuvieron esos saberes y
argumentos, con el n de reconstruir sus disputas (controversias) y sus alianzas.
Reconocer los efectos de la gura de vícmas colaterales en términos normavos y de
políca pública, en función de la sanción de la Ley 27.452 en el año 2018 en Argenna.
1.2 Metodología
La invesgación se llevó adelante a través de un diseño metodológico cualitavo, con
perspecva de género. Se ulizaron dos técnicas de recolección de datos: por un lado se realizaron
entrevistas en profundidad a las protagonistas del proceso de redacción y presentación del proyecto
de Ley 27.452 (miembros de la Asociación Civil La Casa del Encuentro -en adelante LCDE- y una ex-
asesora del senador Jaime Linares) , ulizando para su convocatoria a los criterios del muestreo
teórico (Cohen y Gómez Rojas, 2019) y la técnica de bola de nieve (Atkinson y Flint, 2001); mientras
que por el otro lado, se llevó a cabo un análisis documental de los registros taquigrácos del debate
en el Congreso Nacional y de la cobertura de los medios de comunicación de la época.
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Tabla 1
Parcipantes de las entrevistas
Entrevista N°
Rol/función
Fecha
1
Ex asesora del senador Jaime Linares
16/01/2023
2
Abogada de LCDE
14/02/2023
3
Abogada de LCDE
28/02/2023
4
Fundadora de LCDE
17/03/2023
2. Marco teórico
El marco teórico ulizado para realizar la invesgación se nutre de una serie de diferentes
corrientes y perspecvas teóricas relevantes, que han permido denir los siguientes ejes analícos:
la construcción de los problemas públicos y la intersección entre polícas públicas y género.
Adicionalmente, fueron ulizados los importantes antecedentes hallados en el estudio de la
consolidación del femicidio como problema público y de la construcción social de la gura de vícma.
Los aspectos más relevantes del marco teórico ulizado fueron:
2.1 La construcción de los problemas públicos
La perspecva de los problemas públicos nos aporta una serie de conceptos y nociones que
permiten comenzar a analizar el surgimiento de la gura de vícma colateral como parte del campo
de la constución del femicidio como problema público y, posteriormente, como objeto de políca
pública.
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Los autores que forman parte de este enfoque coinciden en una serie de caracteríscas que
deben tener los problemas para salir de la esfera de lo privado e individual para ser considerados
como públicos: ene que exisr una creencia y/o recursos cognivos generalizados sobre la
alterabilidad de la situación, y se debe poder establecer un juicio moral sobre su carácter. En este
sendo, se asume que no todos los actores sociales enen la misma capacidad de inuir en la
denición del problema o en la proposición de una resolución especíca (Guseld, 2014). Más tarde,
Sebasán Pereyra (2017) agrega la caracterísca de que el problema debe tener un carácter
extendido, es decir, que perjudique o tenga consecuencias negavas sobre un grupo amplio de
personas.
Para comprender de qué manera un problema antes considerado del ámbito privado deviene
en uno público, es necesario rastrear qué relatos, argumentos y saberes se construyeron,
organizaron y presentaron para consolidarlo de tal manera. En el caso que analizamos en esta
invesgación, se indagó en la gura de vícma colateral y de qué manera se logró otorgarle el status
público y asignarle la responsabilidad de su resolución al Estado (Nardacchione, 2018). Para llevar
adelante esta tarea, se torna fundamental considerar qué actores intervienen, qué alianzas tejen
entre sí y cuál es el proceso de construcción social a través del cual se dene y objeva una políca
pública especíca (Lorenc Valcarce y Solanas, 2016). Parte fundante de esta perspecva teórica es la
gura de los “iniciadores”, aquellas organizaciones o movimientos que funcionan como promotores
de la demanda que se pretende instalar en la agenda pública. Este proceso de instalación de una
temáca implica la parcipación de diversos actores con sus perspecvas propias, intereses y
objevos de diversa índole que suelen generar conictos. Por ello, es que se ponen en juego diversos
argumentos, saberes expertos y criterios morales, y se van tejiendo relaciones disímiles entre los
parcipantes que van otorgando forma especíca a la problemáca en cuesón.
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Alzate Zuluaga y Romo Morales (2017) llaman la atención acerca de la importancia que
enen los medios de comunicación al momento de instalar problemácas en la agenda pública, a
través de la circulación o limitación de ciertos discursos que -eventualmente- conforman la opinión
pública.
Por úlmo, Morresi y Vommaro (2011) introducen la importancia del rol del “saber experto”
como constructor de polícas. Este saber circula por diferentes ámbitos: el Estado y sus burocracias,
la sociedad civil y las ONG, las universidades y centros de estudios, y las empresas. El saber experto,
ligado a diferentes disciplinas ciencas, interviene en el campo de producción de bienes materiales
y simbólicos a través de su pretendida neutralidad y la caracterísca de la aplicabilidad. Es a través de
su carácter instrumental que ene un rol de legimador y moralizador de un curso de acción
especíco por sobre otras acciones posibles.
2.2 Intersección entre género y polícas públicas
Como marco teórico fundamental para llevar adelante la invesgación, tomamos los aportes
de las teóricas feministas Nancy Fraser (1991) y Lynne Haney (2002). La primera autora trabaja sobre
el rol del Estado de bienestar en la sasfacción de las necesidades de lxs ciudadnxs. En este sendo,
arma que lo importante es la manera en que son denidas e interpretadas esas necesidades.
Plantea que el ciclo de las polícas se compone de tres etapas. La primera consiste en la lucha por
determinar o rechazar el status políco de una necesidad parcular, es decir, su posible validación
como un tema de interés políco. La segunda etapa se reere a la disputa sobre la interpretación y
denición de esa necesidad, con el n de entender cómo abordarla. Finalmente, la tercera etapa
implica la lucha por sasfacer esa necesidad, ya sea para garanzar o impedir su cumplimiento
(Fraser, 1991).
En complementariedad, se encuentran los aportes de Haney (2002), quien analiza la manera
en que la denición que se realice de cada una de las necesidades -según los contextos
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sociohistóricos- condiciona la manera en que será abordada o diseñada su posible resolución. La
autora dene al Estado como una endad compuesta por diversas capas, aparatos e instuciones
que, aunque puedan entrar en conicto entre sí, se organizan nalmente dentro de un régimen de
bienestar. Dentro de este sistema, se conguran las estructuras sociales y se generan disposiciones
orientadas a la redistribución de benecios, basadas en disntas concepciones de las necesidades,
que son especícas y situadas históricamente. Esta arquitectura de la necesidad determina quiénes
son las personas con necesidades, qué necesidades enen y cómo deben ser atendidas.
Retomando las contribuciones de ambas autoras y leyéndolas en clave de género, cobra
especial importancia el modo en que la interpretación de las necesidades es leída de manera
diferencial según el género. Si la lectura generizada de las necesidades se encuentra basada en
estereopos de género, en la división sexual del trabajo y en la separación entre los ámbitos público
y privado, en úlma instancia, la denición que se hará de esas necesidades y las soluciones que se
diseñarán en consecuencia, terminarán reproduciendo el status-quo, sin proponer alternavas
innovadoras o novedosas.
Dentro de este mismo eje analíco, la problemáca de los cuidados emerge como un tema
central a atender especialmente en relación con el objeto de estudio presentado en este arculo.
Para ello, denimos al cuidado como un objeto y herramienta de intervención de las polícas
públicas, ya sea en términos de provisión de cuidados o como regulación de las relaciones de
cuidado, incluyendo no solamente a aquellas personas que necesitan de ellos, sino también a
quienes los proveen (Aguirre, Bahyány, Genta, Perroa, 2014). En función de la concepción que se
tenga de la manera de cuidar, se van a proponer soluciones acordes. De esta manera, se comienza a
introducir la lógica familista, donde las relaciones de cuidado se encuentran directamente
privazadas dentro del ámbito de la familia, en contraposición a una posible tríada familia-Estado-
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mercado, donde pudieran establecerse otras estrategias o disposivos que no solamente involucren
al cuidado familiar, el cual principalmente recae sobre las mujeres.
2.3 El femicidio como problema público
Antecedentes fundamentales que rigen la invesgación realizada se relacionan directamente
con la gura de femicidio, su proceso de ingreso en la agenda pública, y su constución como
problema público y nalmente objeto de políca pública.
Para ello, nos guíamos por Ana María Fernández (2012) quien -luego de realizar una extensa
genealogía del término- dene al femicidio como:
“(…) el asesinato de mujeres por razones asociadas con su género. Es la forma más extrema
de violencia de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los varones contra las mujeres
en su deseo de obtener, conservar y/o acrecentar poder, dominación, control y propiedad sobre
ellas. Incluye los asesinatos producidos por la violencia intrafamiliar y la violencia sexual” (p.51).
De esta manera, el femicidio es concebido como el desenlace más brutal de un connuo de
violencias ejercidas contra la mujer dentro de un sistema de opresión patriarcal que reclama
propiedad sobre sus cuerpos.
Adicionalmente, nos nutrimos de la invesgación realizada por Paz Cabral y Juan Antonio
Acacio (2017) quienes analizan los modos a través de los cuales la gura de femicidio fue posicionada
y debada de manera masiva, generando un reclamo social de intervención de alguna instancia
pública en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Lxs autorxs señalan que,
para que ello suceda, exiseron diversos factores tales como los posicionamientos de organismos
internacionales, el rol de los medios de comunicación y una opinión pública permeable y proclive a
condenar la violencia contra las mujeres, especícamente encarnada en Argenna en el movimiento
#NiUnaMenos, el cual se abordará en el próximo apartado.
2.4 La construcción social de las vícmas
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Por úlmo y en consonancia con la gura de vícma colateral, se consideró fundamental
atender a una serie de estudios e invesgaciones que trabajan sobre las polícas de reparación
económica, el rol social del dinero y los procesos de construcción social de las vícmas.
Allí nos encontramos con los aportes de Viviana Zelizer (2018) quien reexiona sobre la
mercanlización de los cuidados y los dilemas que se derivan de establecer un valor monetario para
la vida humana. Por ello señala que el dinero no ene un valor intrínseco, sino que somos las
personas quienes le otorgamos signicado al ulizarlo y apropiarnos de él. En esta línea, se destaca
el trabajo que hacen las propias vícmas y/o sus familiares al momento de percibir reparaciones
económicas, en la generación de signicados alternavos y en la superación de las controversias que
acarrea este disposivo.
En esta misma línea, cobran especial relevancia en este campo de estudios, aquellos trabajos
que abordan la construcción de la gura de vícmas. En este sendo, María Victoria Pita y Sebasán
Pereyra (2020) analizan los procesos de reclamo de juscia al Estado por parte de vícmas y sus
familiares. Una denición central que surge del trabajo mencionado es que la noción de vícma:
“(...) no es el resultado directo de la ocurrencia de un evento o acontecimiento, y que
tampoco se alcanza de una vez y para siempre; por el contrario, es una condición que se consigue,
que en algún sendo se “produce” y que, aun habiendo conseguido acceder a esa condición, en
muchas ocasiones es la propia intervención social y colecva la que se aboca a producir, también, la
legimidad de tales vícmas, ya que no todas gozan del mismo estatus y jerarquía.” (Pita, 2020, p.25)
Siguiendo la misma lógica, se encuentran los aportes de Diego Zenobi (2020), quien estudia
la gura de vícma en función de la tragedia de Cromañon
2
en el año 2004. Dene a los mecanismos
2
La tragedia de Cromañón ocurrió en la noche del 30 de diciembre de 2004, cuando un incendio se desató en
“República Cromañón”, un local ubicado en el barrio de Once, en la ciudad de Buenos Aires, durante un recital
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de reparación en una doble función: como gesonadores de las situaciones de aquellas personas que
sufren violencia, por un lado, mientras que, por el otro lado, denen y clasican a las personas en su
condición de vícmas. La denición de una persona como vícma se genera en un proceso de
construcción social donde intervienen diferentes actores o disposivos y donde no hay un sendo
unívoco y permanente.
Alineado con el objeto de estudio de la invesgación, guran las invesgaciones de Lucía
Giambroni (2018) quien analiza la sanción de la Ley Brisa (2018) en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través del rol que cumple el dinero en el disposivo de la reparación. Es visto como un
mecanismo que evidencia la responsabilidad del Estado en la falta de prevención del femicidio de las
madres de las vícmas colaterales. Sin embargo, no es el propio actor el que -por voluntad propia-
propone el surgimiento e implementación de este mecanismo, sino que son diferentes actores de la
sociedad civil quienes instalan la problemáca en la agenda pública a través del reclamo conjunto.
Finalmente, en función de lo propuesto por Gayol y Kessler (2018) consideramos a las
muertes en su relación con la coyuntura políca en la que se producen, la manera en que los
diferentes actores la codican y actúan en consecuencia, y a la presencia en los medios de
comunicación. Todos estos elementos serán retomados como centrales para analizar el caso de la
sanción de la Ley 27.452 sancionada en el año 2018 que establece una reparación económica para
lxs hijxs de vícmas de femicidio.
3. Hallazgos
de la banda de rock Callejeros. Esta tragedia, la más grave en la historia del rock a nivel mundial, es también
una de las peores catástrofes no naturales en Argentina, que dejó un saldo de 194 muertos y 1432 heridos.
Generó profundas transformaciones políticas y culturales, y los familiares de las víctimas y los sobrevivientes
formaron un importante movimiento social en busca de justicia por las muertes y los daños sufridos.
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3.1 Clima de época, iniciadoras y acvismo jurídico - La Casa del Encuentro
Siguiendo los elementos planteados por Gayol y Kessler (2018), el primer componente
fundamental a tener en consideración es la coyuntura políca en la que se producen las muertes. En
este sendo, cobra especial importancia el clima de época que generó que la violencia de género
comience a ser una problemáca de creciente importancia y con una fuerte repercusión en la
opinión pública. En el período transcurrido durante los años 2011 y 2015 (Gobierno presidido por
Crisna Fernández de Kirchner) se observó un importante auge del movimiento feminista, cuyos
reclamos en materia de políca pública, lograron permear la agenda políca del gobierno siguiente,
presidido por Mauricio Macri (2015 - 2019) y posteriormente el de Alberto Fernández (2019 - 2023).
Durante estos años fueron sancionadas las siguientes leyes con perspecva de género:
Ley 27.412 de Paridad de género en ámbitos de representación políca (2017).
Ley 27363 de Privación de Responsabilidad Parental (2017).
Ley 27.452 - Régimen de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes - Ley
Brisa (2018).
Ley 27.499 Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temáca de género y
violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función
pública en todos los niveles, jerarquías y poderes del Estado (2019).
Decreto 721/2020 de cupo laboral para personas trans en el Sector Público Nacional, que
establece que los cargos deberán ser ocupados por personas trans en una proporción no
inferior al 1% (2020).
Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (2020).
Ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera
infancia (2020).
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Estos avances realizados en materia de leyes y normavas son consecuencia de una serie de
factores importantes que se fueron sucediendo. Por un lado, reejan la adopción de normavas
internacionales, mientras que también pueden adjudicarse al aumento de la circulación de discursos
en favor de la sanción y erradicación de la violencia de género en los medios de comunicación, y a la
permeabilidad y recepvidad del ámbito políco. Tal como señala Agusna Gradin (2018), estas
variables se encontraban sostenidas por la existencia de un movimiento de mujeres de gran
trayectoria y con demandas sólidas y sostenidas a lo largo del empo, lo cual permió la
capitalización de esta nueva oleada de reclamos.
De manera paralela, comenzaron a visibilizarse mediácamente una serie impactante de
crímenes -femicidios- como el de Chiara Páez, Melina Romero y Daiana García (diario El País, 2016),
logrando generar interés público y habilitando el crecimiento de la demanda por su resolución o
abordaje desde las polícas públicas. En este punto, Jimena Kohan (2021) aporta un interesante
debate respecto de la situación de los femicidios en Argenna entre los años 2002 y 2018,
preguntándose si este po parcular de crimen se encontraba en alza o si lo que aumentó fue su
visibilidad a nivel público y mediáco. La autora concluye que la candad de femicidios se ha
mantenido estable, no ha sufrido -en términos estadíscos- ni aumentos ni descensos, y es un
crimen que afecta indisntamente a mujeres de todas las edades, siendo el promedio de edad de las
mujeres asesinadas de 34 años. Es importante señalar que las estadíscas construidas por Kohan
para el estudio mencionado coinciden con aquellas que comenzó a publicar la Corte Suprema de
Juscia en Argenna desde la creación del Registro Nacional de Femicidios en el año 2015.
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Es en este contexto que el día 3 de junio del año 2015, frente al Congreso Nacional, se llevó
adelante la primera convocatoria #NiUnaMenos
3
, donde se leyó un documento con una serie de
reclamos realizados al Estado Nacional relacionados directamente con la necesidad de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia de género. La movilización resultó masiva, tuvo un gran impacto y
fue replicada tanto a nivel nacional como internacional, y se extendió a lo largo del empo (Elizalde,
2018), inaugurando, según Silvina Sciorno (2018), una nueva etapa en el movimiento feminista
lanoamericano.
En 2015, en un contexto donde la conciencia social sobre la violencia de género estaba en
aumento, impulsada por una gran movilización y la incorporación de estas problemácas en la
agenda pública, se lograron avances clave. Se creó un registro de femicidios en la Corte Suprema de
Juscia de Argenna, basado en los casos con causa penal, y se comenzaron a generar estadíscas
ociales sobre este po de crimen y sus vícmas. Además, se estableció la Unidad Especializada en
Violencia contra las Mujeres (UFEM) en el Ministerio Público Fiscal de la Nación Argenna, y se
implementaron diversos programas y polícas en diferentes provincias (Cabral y Acacio, 2016).
El contexto y el clima de época marcado por el movimiento #NiUnaMenos permió
interrogar las consecuencias de la violencia machista y patriarcal, y preparó el terreno para que
nuevas problemácas y temácas puedan hacer su camino de ingreso a la agenda pública. En el
proceso de construcción del femicidio como problema público, emergieron actores centrales que
comenzaron a preguntarse sobre el desno de lxs hijxs de las vícmas de femicidio. Aquí comienza a
3
La primera marcha de #NiUnaMenos se generó como consecuencia de una seguidilla de femicidios
visibilizados en los medios de comunicación y fue convocada por una amplia cantidad de periodistas y
movimientos sociales. Fue una movilización masiva que se dio a lo largo y ancho del territorio y que se
extendió a otros países.
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cobrar relevancia la Asociación Civil La Casa del Encuentro (LCDE), como exponente del acvismo
jurídico, a la vez que resulta impulsora de una nueva problemáca con su respecva resolución. Este
accionar imita el proceso sucedido entre las décadas de ‘1990 y ‘2000, tal como señala Diego Zenobi
(2020), donde emergió la gura de abogadxs quienes, en el ejercicio de su profesión jurídica,
movilizaban una serie de nuevas demandas a través del compromiso con los derechos humanos.
La Asociación Civil LCDE es una organización feminista creada en el año 2003 por Ada Rico
4
,
Fabiana Tuñez
5
y Marta Montesano
6
. Comenzó siendo un espacio pensado para la realización de
talleres y grupos de estudio feministas, pero con el empo derivó de manera orgánica a constuirse
como un centro de atención para mujeres que se encuentran transitando situaciones de violencia.
4
Ada Rico es abogada y una reconocida acvista argenna por su liderazgo como fundadora y presidenta de La
Casa del Encuentro. A través de su trabajo en dicha organización, Rico ha sido una voz prominente en la
promoción de polícas públicas y legislación para proteger a las mujeres vícmas de violencia y para visibilizar
los casos de femicidios en el país. Actualmente, connúa presidiendo la organización.
5
Fabiana Tuñez es licenciada en Ciencia Políca y ha realizado estudios y cursos de especialización en género y
polícas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la equidad de género. Fundó, junto a Ada Rico,
la organización LCDE y se desempeñó como presidenta del Instuto Nacional de las Mujeres (INAM) de Argenna
entre los años 2016 y 2019 (bajo la presidencia de Mauricio Macri). Durante su gesón, trabajó acvamente en
la implementación de polícas públicas para promover la equidad de género, proteger los derechos de las
mujeres y fortalecer su parcipación en la sociedad.
6
Marta Montesano, reconocida abogada y acvista por los derechos de las mujeres, parcipó junto con Ada Rico
y Fabiana Tuñez, en la fundación de LCDE.
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Una de las áreas centrales de LCDE es el Observatorio Adriana Marisel Zambrano
7
creado en el año
2009, tal como es relatado por una de las fundadoras:
“(…) En el año 2008 me doy cuenta de que no hay estadíscas en Argenna porque no sé qué
estaba haciendo y dije: “¿de dónde saco la candad de mujeres asesinadas?” “No hay” “¿Cómo que
no hay?” Y ahí me llamó tanto la atención que empecé ese año a buscar qué compañeras querían
incorporarse a este trabajo de invesgación. De hecho, en el año 2008 presentamos el primer
informe para el que habíamos revisado 45 medios porque éramos seis las que estábamos. Y a parr
del año 2009 armamos el Observatorio de femicidios, que lleva el nombre de una vícma, Adriana
Marisel Zambrano.”
Entrevistada n°4, fundadora LCDE:
Este espacio, desde su creación, es el encargado de monitorear y relevar la candad de
femicidios que suceden de manera anual en el territorio argenno. Este trabajo se hace a través de la
revisión artesanal y exhausva de una serie de medios de comunicación. Tal como fue señalado por
la fundadora entrevistada, se tornó necesario poder contabilizar la candad de mujeres asesinadas
por movo de su género. Adicionalmente, esto les permiría conocer en profundidad la
problemáca y poder generar polícas públicas acordes:
“(…) Por eso empezamos nosotras a monitorear, porque si vos no sabes dónde asesinan a las
mujeres, ¿cómo sabes dónde generar más polícas públicas? Es más, ¿cómo generaban las polícas
públicas?”
Entrevistada n°4, fundadora LCDE:
7
El observatorio ha publicado, en el año 2013, el libro “Por Ellas… 5 años de Informes de Femicidios en Argenna”
(La Casa del Encuentro, 2013) y luego en el año 2020 “Por Ellas 10 años de informes de femicidios en Argenna”.
(hp://www.porellaslibro.com/)
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A través de este relevamiento, la atención a vícmas de violencia de género y el análisis de la
información recabada en todas estas instancias por las profesionales de la organización, se fue
generando conocimiento especíco y se idencaron nuevas problemácas, necesidades y
demandas. De esta manera, se comenzó a contabilizar la noción de femicidios vinculados, cuya
denición incorpora dos nuevas vícmas: por un lado, se encuentran aquellas personas que fueron
asesinadas por el femicida por haber evitado o intentado impedir el femicidio o por encontrarse “en
la línea de fuego”. Mientras que, por otro lado, se reere a “personas con vínculo familiar o afecvo
con la mujer, que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de casgar y destruir
psíquicamente a la mujer a quien consideran de su propiedad.” (Página web de La Casa del
Encuentro
8
).
Luego, de modo similar, se acuñó el término de vícmas colaterales, haciendo referencia a
aquellxs niñxs cuyas madres fueron vícmas de femicidio. Según las personas entrevistadas, la
denominación de la categoría emergió de los debates internos entre lxs profesionales de la
organización, con el objevo de visibilizar e instalar una nueva categoría de vícma provocada por la
violencia de género. Señalan también que el trabajo de categorización debieron realizarlo
internamente, debido a la falta de un concepto que reejara esta problemáca en el compendio
teórico, así como a la ausencia de legislación que la contemplara (tanto a nivel local como
internacional). A parr de la creación de esta nueva categoría, pudo comenzar a contabilizarse la
candad de hijxs que quedaron sin su madre y que también habían sido receptores de la violencia de
género vivida por ellas previamente, los cuales entre los años 2008 y 2020, consiseron en 4.430
casos, de los cuales 2849 -un 64%- son menores de edad.
8
hps://www.lacasadelencuentro.org/
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Una vez denido el término vícmas colaterales, comenzó a visibilizarse y hacerse tangible
esta gura y la situación de vulnerabilidad en la que quedaban esxs niñxs y adolescentes, por ello
LCDE empezó el proceso de redacción del proyecto de ley de reparación económica que lxs tenía
como beneciarixs directxs. Dos cuesones emergieron como las principales directrices del proyecto:
por un lado, la voluntad de dar una respuesta acorde a las necesidades especícas de esta población
de niñxs y adolescentes, mientras que -por otro lado- se consideraba fundamental que se explicitara
de alguna manera la responsabilidad del Estado en la situación, a través de la falta de prevención y
sanción de los femicidios. De esta manera, la asociación civil logró idencar y objevar una nueva
necesidad, que procuraba traducir esa demanda surgida desde abajo al lenguaje jurídico, y ofrecer
una solución acorde al po de problemáca planteada. En el transcurso de este proceso juega un
papel principal el saber experto como aquel que incide en los procesos de transformación social a
parr de su aplicabilidad y aparente neutralidad (Morresi y Vommaro, 2011). Adicionalmente,
podemos considerar que LCDE -en esta instancia- fue la propietaria del problema en términos de
Guseld (2014), fueron las “impulsoras o iniciadoras”, aquellas que idencaron la nueva necesidad y
la denieron y nomenclaron desde un lugar de autoridad, experse o capacidad especíca. De esta
manera recuerda una de las protagonistas el proceso:
“(…) La Ley Brisa surgió de conceptos que fueron saliendo del informe de femicidios. Fueron
cuesones que se van analizando entre sociólogas, abogadas y que cada una va percatándose de lo
que implica, cómo incide y de ahí se van haciendo estas construcciones. Lo que no se habla, lo que
no se nombra, no existe. Y era empezar a poner nombres y conceptos para que se avanzara.”
Entrevista n°2, Abogada LCDE:
En el desarrollo de este proceso, pueden observarse las diferentes etapas a través de las
cuales un problema anteriormente considerado como privado, logra posicionarse en la agenda
pública y obtener un estatus público. En primer lugar, se encuentra la caracterísca que propone la
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perspecva de los problemas públicos sobre el juicio moral negavo que debe recaer sobre la
situación, así como la creencia en la posibilidad de modicar esa situación inicial (Guseld, 2014). En
este caso, eso se encuentra garanzado por las estadíscas construidas por el Observatorio de LCDE,
las cuales son evidencia de la existencia y extensión del fenómeno del femicidio en el territorio
argenno y de la candad de vícmas colaterales que el mismo deja a su paso. Tal como lo señala
Lorenc Valcarce, “(…) Lo que es necesario, en primer lugar, para que algo sea considerado un
problema, es que ciertos actores reconozcan su existencia, que se movilicen para mostrar que tal es
el caso y que sus deniciones de la realidad social sean aceptadas por un público más amplio.”
(Lorenc Valcarce, 2005, p.12). Una vez idencada la problemáca, las protagonistas pudieron
delinear no solamente una solución acorde a sus caracteríscas, sino también contenida dentro de
una perspecva condenatoria a la violencia de género y cuya responsabilidad recae directamente
sobre el Estado.
3.2 Presentación, debate y sanción
El proyecto de ley tulado Ley Brisa - Reparación Económica Para Niñas, Niños Y
Adolescentes Vícmas Colaterales De Femicidio, hizo su ingreso al Senado Nacional el día 18 de
octubre del año 2016. Luego de una demora en donde casi pierde su estado parlamentario, la media
sanción en el Senado se ocializó el día 31 de mayo del 2017 y nalmente el día 26 de julio de 2018
obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados, logrando que la ley sea nalmente sancionada.
La Asociación Civil LCDE señala que el proyecto de ley fue votado por unanimidad en ambas cámaras.
El día 28 de sepembre del mismo año, luego del vencimiento del plazo de 30 días y del reclamo de
los familiares de las vícmas, el Poder Ejecuvo aprobó, a través del decreto 871/2018, su
reglamentación.
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Tal como fue relevado de las instancias de entrevistas, las protagonistas de LCDE lograron
presentar este proyecto a través del senador Jaime Linares
9
, hermano de la diputada Virginia
Linares
10
, con quien tenían un vínculo de trabajo previo. Adicionalmente, tuvieron que hacer un
trabajo de “tocar puertas” y generar vínculos con otrxs legisladorxs, a nes de lograr que el proyecto
cuente con el mayor apoyo posible dentro del recinto y que sea transversal a todos los pardos
polícos. Este accionar se reconoce directamente en los aportes de Lorenc Valcarce (2020), quien, al
denir a los problemas públicos como productos de un proceso de construcción social, es decir no
autoevidentes ni lineales, el papel que los actores sociales juegan pasa a un primer plano. Se torna
fundamental la acción humana en el reconocimiento de la problemáca y su promoción para poder
instalarlo en la agenda pública. En este punto, la trayectoria y el presgio del que goza la asociación
civil y el rol que jugó el saber experto en la construcción de la gura de vícma colateral fue aquel
que legimó la necesidad de presentar y apoyar el proyecto de ley mencionado.
3.2.1 Polémicas, tensiones y negociaciones
A pesar de que el proyecto de ley contaba con un apoyo transversal de todos los bloques, se
generaron una serie de debates y discusiones especícas en torno a deniciones y signicados que
9
Jaime Linares es un agrimensor y políco argenno que pertenece al Pardo GEN. En 1991 asumió la
intendencia de Bahía Blanca por la Unión Cívica Radical y gobernó hasta el 2003. En el año 2016 se encontraba
cumpliendo su mandato como Senador de la Nación Argenna por la Provincia de Buenos Aires. Es hermano de
la exdiputada Virginia Linares.
10
María Virginia Linares es bioquímica y políca argenna perteneciente al Pardo GEN. Entre 2007 y 2015 se
desempeñó como diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires. Ocupó los cargos de Secretaría de Salud
y Acción Social de la Municipalidad de Bahía Blanca (1991-1999) y Presidenta del Concejo Deliberante (1999-
2003). Su trayectoria políca se destaca por la promoción de los derechos de las mujeres.
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vale la pena revisar en profundidad, y que desnudan la inuencia que enen las relaciones y alianzas
que establecen los actores entre sí, así como las negociaciones y acuerdos, demostrando que
ninguna denición resulta evidente e inmutable.
A) Perspecva de género, violencia y el rol de la mujer
Uno de los debates centrales que ocurrieron en las comisiones del Senado, tuvo que ver con
el rol de la perspecva de género al interior del proyecto. Las abogadas de LCDE tomaron la decisión
de redactar la ley considerando la denición de femicidio e inscribiendo la gura de vícma colateral
dentro del sistema de opresión machista y patriarcal, para visibilizar de esta manera no solamente la
violencia ejercida sobre las mujeres y el lugar de vulnerabilidad en la que las coloca, sino también
sobre sus hijxs. Sin embargo, según la asesora del senador Jaime Linares…
“(…) Había varios asesores y asesoras que planteaban: ‘¿por qué esto era solamente una
cuesón que reejaba a las mujeres? ¿Por qué no había una asignación cuando sucedía la situación
al revés, cuando las mujeres mataban a los varones?’. Ese fue uno de los principales debates.”
Entrevista n°1, Ex-asesora de Jaime Linares
Se argumentó que no solamente las mujeres eran vícmas y que la noción de violencia
domésca debía ser incluida como movo de reparación. Esto implicaría que aquellxs niñxs y
adolescentes cuyas madres asesinaron a sus padres también serían beneciarios de la reparación. Si
bien esto ampliaba el universo de receptorxs del benecio, corría el foco de la intención principal del
proyecto, invisibilizando las necesidades especícas de las mujeres (Fraser, 1991), e igualando las
violencias que podrían sufrir tanto hombres como mujeres en el ámbito familiar.
En la misma línea, se reconoce la primacía de una concepción del cuidado familista, donde
los criterios morales sobre los roles de género y la división sexual del trabajo conciben a la mujer en
tanto madre y cuidadora principal. En términos de Haney (2002) esta interpretación del rol de la
mujer y de la provisión de cuidados, condiciona de manera directa las necesidades de sus hijxs y la
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solución que se diseñó para abordarlas. La gura de mujer-madre resultó ser el criterio moral
imperante, incluso por encima de la categoría innovadora y novedosa de vícma colateral.
B) El alcance del concepto de vícma
Tal como fue señalado anteriormente, Pita (2020) y Zenobi (2020) llaman la atención sobre el
proceso de construcción de la noción de vícma. Respecto de quiénes componen el universo a la que
la categoría hace alusión, surge de una serie de deniciones, criterios y clasicaciones que ciertos
actores sociales realizan, los cuales incluyen -o no- a un cierto grupo o población dentro de esta
noción.
En el presente caso, las entrevistadas señalaron que el debate se dio en torno a la gura del
“femicidio del country”:
“(…) Cuando se debaa decían: ‘está el femicidio del country, los del femicidio del country no
enen que cobrarlo.’ Pero vivieron exactamente la misma violencia. Uno no elige donde nacer. Esos
niños quedaron sin su madre. No importa si viven en un country, ahora están viviendo con otras
personas y no se sabe cuál es la situación de esas otras personas que se hacen cargo”
Entrevista n°2, Abogada LCDE:
De esta manera, se limitaría la gura de vícma colateral solamente a aquellxs niñxs o
adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que cabe la pregunta ¿la
reparación económica es para lxs hijxs de las vícmas de femicidio o solamente para aquellxs que
enen necesidades económicas. La mirada presentada por LCDE -un universo de receptorxs amplio e
inclusivo- tuvo que negociarse con la mirada de otros actores sociales. Este proceso demuestra cómo
la categoría de vícma implica clasicaciones, jerarquizaciones y deniciones y condiciona de manera
directa el po de solución que debería implementarse.
Lucía Giambroni (2021) profundiza en la complejidad de la tensión entre la denición de
vícma y las estructuras familiares. La autora destaca que uno de los puntos clave del debate fue
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determinar qué po de familia debería recibir reparación y bajo qué relaciones se asignaría dicha
reparación. En sus palabras, este debate se centró en la gura del femicida, estableciendo una
disnción entre femicidios ínmos (aquellos ocurridos en el contexto de un vínculo afecvo o de
convivencia previo entre la vícma y el agresor) y femicidios no ínmos, que en su mayoría están
relacionados con ataques sexuales. Esta diferenciación generaba dos grupos disntos de
beneciarios y pos de reparaciones, lo que inuía directamente en el número de personas
potencialmente beneciadas.
C) Construyendo la evidencia
Una cuesón fundamental al momento de pensar en la sanción de la presente ley era que
debía tener un presupuesto asociado. Por ello, lxs asesorxs de lxs senadorxs consultaban acerca de la
candad de niñxs y adolescentes que deberían ser alcanzados por la reparación. En dicho momento,
no se contaba con estadíscas ociales construidas por el Estado, por lo que la información provista
por el Observatorio Adriana Marisel Zambrano se tornó en la fuente principal para conocer el posible
alcance del benecio. Aquí toma nuevamente centralidad el rol de los saberes expertos como modo
privilegiado de legimar y construir un problema público, en este caso, construyendo estadísca a
través de la implementación de un relevamiento exhausvo y artesanal (Morresi y Vommaro, 2011).
Siguiendo los aportes de Claudia Daniel (2013), la estadísca también se construye como un
objeto social y cultural que genera sendos, signicaciones y categorizaciones de la realidad. De ahí
se deriva la importancia de las estadíscas construidas por LCDE y el rol que han tenido para la
emergencia, denición e idencación de la demanda en torno a las vícmas colaterales de
femicidio.
3.2.2 Lxs legisladorxs y sus argumentos
En función del análisis de las sesiones taquigrácas del Congreso Nacional, se lograron
idencar una serie de argumentos que atravesaron de manera transversal a las diferentes
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presentaciones. Nos valdremos de la propuesta analíca de Diego Zenobi (2020) para organizar y
analizarlas:
El autor considera una serie de factores diversos que inciden sobre el establecimiento de las
reparaciones económicas:
A) El origen en un hecho extraordinario, “notorio” y excepcional con consecuencias negavas
en términos materiales, subjevos y psicológicos.
B) Establecimiento de cadenas de causalidad entre el hecho notorio y sus consecuencias sobre
las vícmas.
C) El rol de los expertos en su legimación y validación: los saberes expertos movilizan
categorías morales que construyen a los hechos como tragedias o catástrofes, a la vez que
producen normavidad y se reejan en los artefactos jurídicos.
D) El sufrimiento extremo e injuscado como parámetro principal por el cual se mide la
reparación. No está reducido solamente a las vícmas directas, sino que incluye también a
sus familiares.
E) La reparación conlleva una suposición sobre las relaciones sociales -lo cual se torna
parcularmente importante en el caso que analiza la presente tesis- y trae aparejado un rol
parcular del dinero y su capacidad o incapacidad de reparar la pérdida de la vida humana.
En estos casos, se intenta fortalecer la intención de que, a través del dinero, el Estado se está
haciendo cargo y reparando su responsabilidad.
En cuanto al origen del mecanismo reparatorio basado en un hecho notorio y excepcional y
su causalidad sobre la generación de vícmas, lxs legisladorxs lo ubican principalmente en la
existencia de la violencia de género y en el femicidio como el úlmo eslabón de esa progresión. Cabe
señalar que, a pesar de que uno de los debates en comisiones parlamentarias resultó en la
prevalencia de la noción de violencia domésca sobre la de violencia de género, en las exposiciones
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fue protagonista el concepto generado desde la perspecva de género. Esto repercute en que la
mirada esté puesta en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el
patriarcado y las consecuencias que este úlmo genera tanto sobre ellas como sobre sus hijxs.
Por otro lado, esta estrategia argumental también permite colocar la mirada sobre el rol que
debiera tener el Estado en la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género,
especialmente teniendo en consideración los compromisos internacionales asumidos. El mecanismo
reparatorio aparece entonces como una manera a través de la cual ese Estado se hace responsable
de la inacción o ineciencia en el cumplimiento de esos objevos con los cuales se compromeó.
“(…) Nuestro país ha suscrito pactos internacionales por los cuales se compromete a hacer
esfuerzos para erradicar la violencia machista, y por ello es que, en los casos en los que no ha podido
prevenir que ocurra un femicidio, no puede mirar hacia un costado, sino que debe
involucrarse.”(Graciela Ocaña, Cámara de Diputados de la Nación, 4 Julio de 2018, p.1037)
A pesar de que esta es una manera de hacer juscia para las vícmas colaterales, se enfaza
que no resulta suciente y debe acompañarse con una posición acva y con polícas públicas
concretas que aborden la prevención de la problemáca de la violencia de género en general y de los
femicidios en parcular.
La concepción de la violencia de género como problema público, repercute de manera
directa en el po de denición de vícma que se realice. En este caso, las vícmas no son solamente
las mujeres asesinadas, sino también sus familiares. Así, se visibiliza el hecho de que la construcción
de la gura no es lineal o directa sino producto de un ejercicio de construcción entre diferentes
actores y perspecvas (Pita, 2020), lo cual abona a la tendencia argenna de la importancia creciente
de lxs familiares y su rol en los procesos de reclamo de juscia.
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“(…) no [debemos] considerar vícmas solo a las mujeres asesinadas, porque cuando una
mujer es asesinada hay tres generaciones que son desmembradas: la propia vícma, sus madres y
padres y, fundamentalmente, quienes nos ocupan en este proyecto: sus hijas e hijos.” (Norma
Haydeé Durango, Cámara de Senadores de la Nación, 31 de mayo de 2017, p.98)
La gura de vícma, en este caso, también se encuentra presentada a través de un recurso
que apela a la emocionalidad y a la personalización en casos especícos. Puede observarse en los
discursos o presentaciones de lxs legisladorxs, la necesidad o ulidad de contar con casos
emblemácos para la construcción de una temáca como un problema público. La representavidad
que logró la situación de Daiana Barrionuevo es replicada en los argumentos a través de la
recuperación de otras voces y casos especícos.
En consonancia y analizando el lugar que ocupan las familias en las argumentaciones, se
puede observar que no solamente aparecen como vícmas indirectas de la violencia de género, sino
también que cobran importancia en tanto se consolidan o constuyen como aquellas personas que
pasarán a suplir el rol de cuidadorxs que previamente ejercían las mujeres en tanto madres. Así se
refuerza la perspecva familista donde el núcleo familiar es el primer proveedor de los cuidados. En
ninguno de los argumentos esgrimidos aparecen estrategias o disposivos alternavos, sino que la
reparación está desnada a colaborar con ese núcleo para el ejercicio de los cuidados primarios de
lxs niñxs y adolescentes.
Abonando también a la construcción de la gura de vícma colateral, lxs niñxs y adolescentes
son mayoritariamente caracterizadxs como vícmas “vulnerables”, “desamparadas” y en situaciones
“extremas”.
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“(...) un número importante de niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de femicidio o
de violencia intrafamiliar se encuentran desprotegidos sica, psíquica y económicamente.” (Teresita
Luna, Cámara de Senadores de la Nación, 31 de mayo de 2017, p. 120)
“(...) menores que quedan desamparados y destruidos moralmente ante la desintegración
familiar.” (María Carolina Moisés, Cámara de Diputados de la Nación, 4 Julio de 2018, p. 328)
Por úlmo, lxs legisladorxs recuperaron el rol de la sociedad civil en la puesta en agenda del
problema público en cuesón, destacando a la Asociación Civil LCDE como propietaria tanto de la
denición de la problemáca, como del diseño de su solución (Guseld, 2014). También se reconoció
que la organización pudo realizar su signicavo aporte a través de la construcción de estadíscas e
información relevante a parr de la invesgación y la consolidación de un saber experto que
acompaña y legima el proceso (Morresi y Vommaro, 2011).
“(…) Quiero reconocer la tarea de visibilización realizada por la organización La Casa del
Encuentro y del Observatorio de Femicidios en la Argenna ‘Adriana Marisel Zambrano’ –que aportó
las primeras estadíscas en este sendo–, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de
Género de Argenna (RIPVG) –que junto con la organización Amigos del Alma también impulsó esta
sanción–, y del resto de las personas que individual y colecvamente dieron los primeros pasos en la
redacción del proyecto original conocido como ‘Ley Brisa’” (Norma Haydeé Durango, Cámara de
Senadores de la Nación, 31 de Mayo de 2017, p. 98.
Como un emergente de la lectura y el análisis de los argumentos, es interesante destacar el
lugar que algunos argumentos le otorgan al vicmario. Algunxs legisladorxs toman una postura
patologizadora de los femicidas, clasicándolos de “monstruos” o “besas”. En este punto, se torna
parcularmente importante resaltar que la patologización o demonización de los vicmarios es una
postura que esconde e invisibiliza el rol que cumple el patriarcado en la opresión de la mujer, en su
concepción de objeto y en la generación de conductas y comportamientos violentos. Es fundamental
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retornar a la denición de femicidio en tanto fenómeno inscripto en un connuo de violencias
avaladas por un sistema machista, para inscribir a los violentos dentro de los patrones culturales y
simbólicos imperantes.
“(…) Todos conocemos la historia de Brisa y de su mamá, Daiana, que fue asesinada
brutalmente por una besa que fue condenada a prisión perpetua.” (Cecilia Moreau, Cámara de
Diputados de la Nación, 4 Julio de 2018, p.329).
3.3 Implementación y actualidad
Una vez sancionada la ley y emido el decreto reglamentario 871/2018 el día 20 de
sepembre de 2018, se inauguró la etapa de la implementación del disposivo reparatorio, lo cual -a
nes de la presente invesgación- fue relevado principalmente a parr del análisis de la cobertura de
medios de comunicación. Fueron seleccionadas las versiones web de los diarios de La Nación y
Página 12, por representar miradas y posturas diferentes entre sí. Cabe destacar que el análisis fue
realizado en función de un recorte especíco de notas periodíscas y sobre la selección de dos
medios parculares, lo cual implica que puede haber un posible sesgo en aquellos diarios o nocias
que no fueron rastreados y que pueden presentar escenarios o puntos de vista alternavos.
La responsabilidad de la implementación y ejecución fue asignada a la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), mientras que los pagos son gesonados por la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Asimismo, se formó una comisión de
seguimiento integrada por representantes de estos dos organismos, además del Instuto Nacional de
las Mujeres (INAM). La Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias
(RUGE), (Ceru, P. 2020) realizó una invesgación sobre la implementación de la ley y aporta que
otro eslabón fundamental de la implementación son los Poderes Judiciales de cada jurisdicción. Ellos
son los encargados de colocar la carátula de femicidio o violencia de género a las causas, que es
aquella que habilita el cobro del benecio. Esto úlmo es una gran fuente de demoras para la
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percepción de la reparación, junto con el hecho de que los primeros tres organismos enen sus
sedes en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual también genera obstáculos especícos para quienes no
residen allí.
Otro punto fundamental que señala la invesgación realizada por la RUGE, es la falta de
información que poseen tanto las familias como el propio Estado en relación a la existencia de la
percepción de la reparación. La sanción y reglamentación de la Ley Brisa no se encontró acompañada
por capacitaciones especícas desnadas a los recursos humanos encargados de implementarla. En
esta misma línea, una de las protagonistas del proceso de redacción, menciona que:
“(…) Tranquilamente la Fiscalía podría informar a estos familiares la posibilidad de solicitar la
reparación económica, pero como no lo sabe la Fiscalía, menos lo va a saber cualquier persona lega
que está atravesando un proceso penal y que lo úlmo que te pones a pensar es en pedir una
reparación económica cuando está mal visto socialmente.”
Entrevista n°3, Abogada LCDE:
En cuanto a la información provista por los medios de comunicación, en el diario La Nación
aluden a diferentes dicultades que deben transitar las familias para poder acceder al benecio,
manifestadas en primera persona. Se señalaron las siguientes como obstáculos a la implementación:
“(…) A un año de que se convirera en ley, varias familias señalan que se enfrentan a una
serie de desaos para acceder al benecio. Las trabas van desde la dicultad para cumplir con
algunos de los requisitos administravos, hasta el desconocimiento por parte de las Unidades de
Atención Integral (UDAI), de la ANSES, sobre qué documentación recibir y cómo aplicar la norma.” (La
Nación, 15 de julio de 2019).
Conversando con las abogadas redactoras de la ley, mencionan que esos requisitos fueron
diseñados por ellas. Si bien resulta complejo alcanzarlos, su objevo es asegurarse que no sean los
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femicidas quienes accedan a cobrar el benecio sino efecvamente las familias que se harán cargo
de los cuidados de lxs niñxs y adolescentes.
En 2019 se publicó una nota en el diario Página 12 que reejaba los reclamos de los
familiares de las vícmas sobre las demoras para acceder al benecio, atribuidas a la burocracia
involucrada, especialmente en la coordinación entre los organismos responsables de su
implementación (ANSES, INAM, SENNAF). Otro obstáculo señalado fue la falta de información
disponible para el personal de ANSES, lo que dicultaba la orientación a los familiares de las vícmas.
Se denunció que solo 30 niños y niñas estaban recibiendo el benecio, además de la ausencia de
estadíscas ociales que impedían conocer con precisión la candad de menores que debían ser
reparados. En este contexto, se mencionan las cifras elaboradas por LCDE, que representan los
únicos datos disponibles sobre la situación de las vícmas colaterales, aunque es importante aclarar
que esta asociación civil no realiza un seguimiento ni contabiliza a los beneciarios de la reparación.
A pesar de que el recorte temporal de la invesgación realizada es hasta el año 2020, es
importante preguntarse respecto de la situación actual por la que está transitando la
implementación y el otorgamiento de las reparaciones inauguradas por la Ley Brisa, ante el
desnanciamiento del Estado en general y de las polícas de género en parcular bajo la presidencia
de Javier Milei (quien asumió en diciembre del año 2023). Por ello, es necesario destacar las
denuncias realizadas por la Secretaría de Mujeres, Polícas de Género y Diversidades de La Matanza,
quienes informan que desde el 10 de diciembre del año 2023 no han sido emidas nuevas
autorizaciones para la percepción de la reparación (Montenegro, 4 de julio de 2024)
4. Conclusiones
A modo de conclusión, se torna fundamental retomar el primer objevo propuesto para la
presente invesgación, el cual fue (i) indagar en el proceso de construcción de la gura de vícmas
colaterales como parte de la constución del femicidio como problema público. Esto fue realizado en
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función de la vacancia observada en el campo académico respecto del análisis de la Ley Brisa en
clave del recorrido que debió transitar para consolidarse como un problema público y objeto de
políca pública.
La propuesta analíca ulizada para poder dar cuenta de la emergencia de la gura de
vícma colateral como parte del campo el femicidio como problema público, necesariamente debió
nutrirse de diferentes corrientes teóricas y antecedentes de invesgación empírica, para lograr poner
en diálogo perspecvas de orígenes diversos: los estudios sobre la constución de los problemas
públicos, abordajes construcvistas en materia de polícas públicas, teoría feminista del Estado,
entre otras. Este diálogo entre perspecvas y con el objeto de indagación permió analizar el
surgimiento de una políca pública haciendo hincapié en el rol que cumplieron los diferentes actores
sociales involucrados, las relaciones establecieron entre ellos y qué argumentos, saberes y criterios
morales ulizaron.
Por lo tanto, la corriente teórica principal ulizada fue la perspecva de los problemas
públicos. Allí se revisaron autores que observan y analizan el recorrido y el proceso de constución
de una temáca que atraviesa la transformación de un problema concebido históricamente en
términos privados (en este caso la violencia de género en general y el femicidio como su expresión
más cruda), hasta su conversión en una cuesón de interés público, el cual nalmente hace su
ingreso a la agenda pública para ser resuelto por el Estado (Guseld, 1981). Paralelamente, otro po
de miradas construcvistas en materia de polícas públicas como la desarrollada por Lorenc Valcarce
y Solanas (2020), nos aportan el hecho de que una políca pública especíca –en nuestro caso, una
nueva ley- puede exisr en la medida en que es denida y recortada por un conjunto de actores
sociales y polícos relevantes, de allí el gran protagonismo que se le otorga a la Asociación Civil La
Casa del Encuentro como pionera. De esta manera, se logra evidenciar un proceso que no es claro y
autoevidente y que no resultó lineal. Paralelamente, el andamiaje teórico incorpora la importancia
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del rol que los medios de comunicación y la opinión pública enen en el proceso de constución de
la agenda pública. En el caso especíco de la Ley Brisa, estos factores representaron un aporte
fundamental para el “éxito” de la iniciava.
De modo complementario, hemos ulizado una serie de antecedentes teóricos vinculados a
los estudios feministas del Estado (Fraser, 1991 y Haney, 2002), que aportan de manera signicava a
pensar cómo son interpretadas las necesidades o demandas ciudadanas y qué soluciones son
ofrecidas o diseñadas en función de esa interpretación. De manera fundamental, los enfoques
feministas aportan el lente de género, el cual es central para el análisis, dada la temáca trabajada.
Tanto la interpretación generizada de las necesidades como la denición que se realice de la
categoría de cuidados, condicionará inexorablemente el po de solución que se ofrezca,
privilegiando la resolución de esas necesidades de una manera parcular y especíca por sobre otras
posibles.
Por úlmo, las coordenadas analícas desarrolladas por Gayol y Kessler (2018) para el
estudio de “las muertes que importan” han sido ordenadoras y férles a la hora de abordar el
femicidio de Daiana Barrionuevo y sus consecuencias en la formulación de una nueva políca
pública. Allí se presenta la importancia de tener en cuenta una serie de factores, entre ellos: la
coyuntura políca; la forma bajo la cual varios actores se relacionaron con la muerte y su capacidad
para remirlas a otras muertes -en este caso catalogadas como femicidios-; y a su presencia en los
medios de comunicación.
Las perspecvas teóricas esgrimidas –con diversos grados de abstracción- permiten visibilizar
la manera en la cual el surgimiento de la gura de vícma colateral transita el camino desde su
origen como una interpretación de una demanda especíca y denición como necesidad, hasta la
lucha para que el Estado actúe para sasfacerla. Una vez denida y dirimida esta circunstancia,
sobreviene la etapa de una acción más concreta, la denición de un disposivo de resolución de ese
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problema: en este caso la reparación económica para niñxs y adolescentes cuyas madres fueron
vícmas de femicidio. Cada interpretación de una necesidad especíca conlleva: una orientación
programáca especíca; un nanciamiento orientado a tal n; una ubicación y control instucional,
el diseño de un servicio y ciertas condiciones de elegibilidad, en este caso puntual encarnada por la
Ley Brisa y los mencionados disposivos que se establecieron para su implementación.
Todo el andamiaje teórico ulizado - en su heterogeneidad - ha demostrado su ferlidad para
analizar y desandar el proceso de surgimiento de la Ley Brisa de manera integral y profunda,
reconociendo actores relevantes, su parcipación en la puesta en agenda de la problemáca y las
diversas estrategias que fueron implementando a lo largo de su recorrido. En este sendo y tal como
fue mencionado anteriormente, nos hemos centrado en este arculo en el rol que han cumplido las
parcipantes de la LCDE, en tanto “iniciadoras”, personas o grupos que movilizan saberes expertos,
intereses especícos, y promueven la colocación de una demanda en la agenda pública. Se las ha
podido ubicar como propietarias iniciales de la demanda (Guseld, 1981), debido a que han sido las
responsables o encargadas de generar deniciones sobre el carácter problemáco del reclamo e
inuir sobre el diseño de su solución, a través de la redacción del proyecto de ley de reparación para
las vícmas colaterales de femicidio y de su posterior presentación en el Senado Nacional. En este
punto, se destaca que las abogadas y militantes se encontraron acompañadas por otras
organizaciones sociales, tales como Amigos del Alma y la Red Internacional de Periodistas con Visión
de Género, y por el reclamo social y mediáco coyuntural. A pesar de que en un comienzo
aparecieron como las “propietarias” del problema en cuesón, el proceso siguió otro sendero y
transitó por una serie de modicaciones y negociaciones con diferentes actores que nalmente se
cristalizaron en una versión especíca de la Ley 27.452 diferente a la original. Sin embargo, su origen
como creación experta, singular y casi artesanal ha estado dada por la constución de un nuevo
concepto, el de vícmas colaterales, realizada a través del relevamiento y la construcción de
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estadíscas sobre los femicidios en Argenna, realizado de manera artesanal, exhausva y
colaborava.
Retomando los ejes de análisis propuestos por Gayol y Kessler (2018), se torna fundamental
atender al parcular clima de época que acompañó y permeó posivamente el contexto de
presentación y debate sobre la reparación. A nivel políco, el clima de época coincidió con la
nalización del segundo mandato de Crisna Fernández de Kirchner (2011-2015) y con los inicios del
gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Si bien LCDE venía trabajando con anterioridad sobre la
problemáca de la violencia de género y sus consecuencias, a parr del 2015 y el primer #Ni Una
Menos, la sociedad en su conjunto comenzó a interrogar y reclamar al Estado -de manera masiva y
pública- por su falta de prevención, protección y sanción ante todas las expresiones de la violencia
machista. Este reclamo social fue replicado y acompañado por los medios de comunicación, quienes
funcionan como un actor privilegiado que habilita u obtura la circulación de discursos y debates,
generando ciertas tendencias anes -o no- a la colocación de temas en la agenda pública (Alzate
Zuluaga y Romo Morales, 2017). En el caso parcular del femicidio como problema público, los
medios de comunicación jugaron un papel central en la visibilización de estos delitos y sus
parcularidades, logrando construir un discurso que legimó la importancia del fenómeno como tal y
la necesidad de generar una resolución especíca, abriendo el juego para la incorporación de nuevos
problemas en agenda. En este sendo, cabe destacar que fue bajo el gobierno de Mauricio Macri
cuando se habilitó la incorporación del debate de la perspecva de género y durante su mandato
fueron sancionadas una serie de leyes anes, entre ellas la Ley Brisa.
El clima de época colaboró con la instalación del problema en la opinión pública y sentó las
bases para la presentación del proyecto de ley en el Congreso Nacional, tras lo cual sobrevino el
debate en ambas cámaras. Una de las acciones fundamentales realizadas fue el rastreo y análisis de
los discursos y objeciones surgidas en ambas cámaras para poder comprender cabalmente cómo
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fueron los procesos de denición y estabilización del problema público en cuesón. De nuestro
análisis se concluye que las controversias se idencaron en torno a las siguientes dimensiones:
A) Perspecva de género, violencia y el rol de la mujer: uno de los principales debates se dio en
torno a la pernencia de incorporar la gura (considerada más amplia) de violencia
domésca por sobre la la violencia de género, dejando de lado la importancia de jerarquizar
y visibilizar el rol estructural del patriarcado en la violencia contra las mujeres.
B) El alcance del concepto de vícma: entendiendo que la noción de vícma también implica
una construcción social y no es producto directo de la ocurrencia de un hecho trágico (Pita,
2020), como tampoco es autoevidente, su denición provocó debates en torno a la
consideración de todxs lxs niñxs y adolescentes como vícmas colaterales o solamente a
aquellxs que se encontraban en una situación socio-económica vulnerable.
C) Construyendo la evidencia: En este punto, se interrogó acerca de la especicidad de la
población a la que hacía referencia el disposivo reparatorio, debido a la necesidad de que
el mismo tuviese un presupuesto asociado. Por ello, se consultó acerca de la candad de
posibles beneciarixs, ante lo cual fueron ulizadas las cifras construidas por LCDE, debido a
la falta de estadíscas ociales.
El análisis de los debates y negociaciones, da cuenta de la importancia de atender a la
interacción entre disntos actores sociales durante el proceso de estabilización de un problema. Tal
como lo señalan Lorenc Valcarce y Solanas (2016) la cristalización de una políca pública es el
resultado de una construcción social donde los vínculos, negociaciones y acuerdos entre los actores
intervinientes, moldean tanto la forma como el contenido que tendrá la denición nal del problema
público.
Una vez negociadas las polémicas en las instancias de debate, llegó el momento de la
votación. Las protagonistas destacan la transversalidad del apoyo a la ley dado que fue sancionada
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por unanimidad en ambas cámaras. En este punto y retomando las argumentaciones de lxs
legisladorxs, podemos encontrar que se hallan directamente asociadas con el vínculo entre la
reparación y su origen en un hecho extraordinario, “notorio” y excepcional, que, en este caso, fue
idencado como el fenómeno del femicidio que genera consecuencias negavas en términos
materiales, subjevos y psicológicos no solamente sobre sus vícmas directas (las mujeres
asesinadas) sino también sobre sus familiares, especialmente sus hijxs. De esta manera, se lograron
cimentar, de manera argumentava, cadenas de causalidad entre el mencionado hecho y sus
consecuencias sobre las vícmas, a través de la validación y legimación de saberes expertos, en este
caso encarnados en LCDE. Adicionalmente, se deja entrever en las concepciones de quienes tuvieron
la responsabilidad de votar la ley, que la existencia de la reparación trae aparejada una suposición
especíca sobre las relaciones sociales. Esto úlmo se torna especialmente relevante cuando
revisamos las signicaciones en torno al rol de cuidado que debiera socialmente ejercer la mujer, lo
cual repercute en las concepciones sobre la función parcular del dinero y su capacidad o
incapacidad de reparar la pérdida de la vida humana. En estos casos, se intenta fortalecer la
intención de que, a través del dinero, el Estado se está haciendo cargo y reparando su
responsabilidad (Zenobi, 2020).
A nivel agregado y observando todas las fuentes de información analizadas, una cuesón
fundamental que se encuentra latente de manera transversal es la problemáca de los cuidados y su
lectura en clave de género. El disposivo de la reparación económica diseñado a través de la Ley
27.452 refuerza la noción de que son las mujeres-madres quienes enen la responsabilidad principal
sobre el cuidado de sus hijxs, no solamente en términos materiales si no también simbólicos. Con la
ocurrencia del femicidio y ante la ausencia de esa gura materna, la única alternava que se baraja
es la asunción de los cuidados por parte de las familias. Ninguno de los actores involucrados propone
una dinámica o resolución diferente donde el Estado o el mercado pudieran parcipar de la
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estrategia, evidenciando la lógica familista imperante a nivel social y la connua reproducción de los
estereopos de género (Aguirre, Bahyány, Genta, Perroa, 2014).
En este punto y a modo de conclusión, retomamos la hipótesis que guió la presente
invesgación, donde sostenemos que la innovación en la creación de la gura de vícma colateral
implicó una serie de criterios morales especícos en parcular en relación con una lectura de las
necesidades de las vícmas (lxs niñxs y adolescentes, idea de “mujer-madre-cuidadora”). Siguiendo
esta lógica, se puede pensar que esta políca pública está sustentada sobre una mirada familista y
maternalista de los cuidados, donde la gura de mujer-madre-cuidadora resultó fundamental como
criterio moral estabilizador y “ganador” por sobre la categoría novedosa de vícma colateral. La
parcular interpretación generizada del concepto de cuidados, derivó en que la totalidad de la
responsabilidad de los cuidados sea depositada en la esfera privada, sosteniendo la carga de ese
trabajo al interior del núcleo familiar y sin que pueda pensarse en la generación de un cambio a nivel
de la división sexual del trabajo. Si se pudiese concebir un sistema de cuidados en colaboración entre
familias-Estado-mercado, se abrirían mayores alternavas instucionales, estatales o comunitarias
que amplíen el abanico de posibilidades tanto para las personas cuidadas como para las que cuidan,
habilitando posibles rupturas en la reproducción del status-quo de género.
Ahora bien, el recorrido realizado permite abrir nuevos interrogantes. Una posible línea de
invesgación podría preguntarse sobre los efectos y las nuevas signicaciones que esta políca
pública implica para las familias beneciarias de la reparación, a nes de conocer el impacto que
ene su percepción en sus vidas, qué signicados asocian al otorgamiento de ese monto de dinero, si
consideran relevante el disposivo y si este se encuentra adecuado a sus necesidades reales, así
como las posibles mediaciones que surgen en su proceso de implementación.
Sin embargo y atendiendo a la situación actual por la cual está transitando el otorgamiento
de reparaciones surgidas de la sanción de la Ley Brisa, es fundamental reiterar que la Secretaría de
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Mujeres, Polícas de Género y Diversidades de La Matanza, denuncia que desde el 10 de diciembre
del año 2023 no se han emido autorizaciones para el cobro de nuevas reparaciones (Montenegro, 4
de julio de 2024). Si bien la invesgación ha asumido un recorte temporal hasta 2020, cabe
preguntarse, en un contexto de retroceso de derechos a nivel general y de deslegimación de la
lucha en contra de la violencia de género en parcular, ¿cuál será el desno de la reparación
inaugurada por la Ley Brisa? ¿En qué lugar social y subjevo quedará el disposivo de la reparación y
-en consecuencia- el futuro de las vícmas colaterales? ¿Cuáles serán los nuevos sendos que se le
imprimirá a una ley que logró ser sancionada con unanimidad en ambas cámaras?
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