Paraguay
Agrarian productive transformations and social conflicts
(2000-2012)
Buenos Aires, Argentina
anabeatrizxvillar@gmail.com
Fecha de envío: 02/06/2023
Fecha de aceptación: 12/09/2023
ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s26839784/3zhhil817
A partir del cambio de siglo, el auge de los precios de las materias primas a nivel mundial, potenció el despliegue de transformaciones productivas asociadas a la expansión de la producción a gran escala de mercancías agrarias altamente demandadas en el mercado internacional. Este artículo presenta algunas estimaciones acerca del comportamiento del conflicto social rural en Paraguay en este contexto, obtenidas a partir del procesamiento de una base de datos de elaboración propia que reúne los conflictos sociales paraguayos ocurridos entre enero de 2000 y junio de 2012. Dicha base fue confeccionada a partir de la sistematización de los diarios de mayor circulación nacional ofrecida por la “Cronología del conflicto” publicada entre enero de 2000 y junio de 2012 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales como sección de la revista Observatorio Social de América Latina. Más allá de la exhaustividad y alcance de la mencionada sistematización, la opción de estudiar los conflictos sociales en base a
prensa escrita supuso una serie de restricciones y límites de orden metodológico que también serán compartidos a manera de balance.
Palabras clave: Paraguay, transformaciones productivas, conflictos sociales rurales.
Abstract
Since the turn of the century, the rise in raw material prices worldwide has boosted the expansion of productive transformations throughout the region associated with the optimization of large-scale production of transgenic and conventional crops highly demanded in the international market. This article presents some estimates about the behavior of rural social conflict in Paraguay in this context, obtained from the processing of a database created by us that concentrates Paraguayan social conflicts that occurred between January 2000 and June 2012. This database was prepared from the systematization of the newspapers with the greatest national circulation offered by the “Cronología dle conflicto” published between January 2000 and June 2012 by CLACSO as a section of the magazine Observatorio Social de América Latina. Beyond the exhaustiveness and scope of the aforementioned systematization, the option of studying social conflicts based on the written press entailed a series of methodological restrictions and limits that will also be shared as a balance.
Keywords:Paraguay, productive transformations, rural social conflicts.
A partir del cambio de siglo, el denominado “superciclo de los commodities”, potenció la expansión de transformaciones productivas en toda la región asociadas a la optimización de la producción a gran escala de cultivos altamente demandados en el mercado internacional. En ese contexto, Paraguay logró colocarse entre los principales exportadores de soja y carne a nivel mundial.
En este artículo analizaremos algunos resultados parciales de la exploración empírica realizada sobre el comportamiento del conflicto social en el espacio rural paraguayo entre 2000 y 2012. Para ello, previamente presentaremos algunas consideraciones respecto a la forma específica que ha tomado históricamente la acumulación de capital en los países de América del Sur. Sobre esa base, posteriormente, analizaremos la potenciación de las transformaciones productivas asociadas a la producción a gran escala de transgénicos y otros monocultivos difundidos en nuestra región, focalizando en las transformaciones desplegadas en el agro paraguayo.
Finalmente, en las últimas dos secciones, presentaremos y analizaremos algunas estimaciones acerca del comportamiento del conflicto social rural en Paraguay en este contexto, obtenidas a partir del procesamiento de una base de datos de elaboración propia que reúne los conflictos sociales paraguayos ocurridos entre enero de 2000 y junio de 2012. Dicha base fue confeccionada a partir de la sistematización de los diarios de mayor circulación nacional ofrecida por la “Cronología del conflicto” publicada entre enero de 2000 y junio de 2012 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales como sección de la revista Observatorio Social de América Latina. Esta sección tuvo el objetivo de ofrecer una exhaustiva cronología de los principales conflictos sociales ocurridos diariamente en 19 países de América Latina. Más allá de la exhaustividad y alcance de la mencionada sistematización, la opción de estudiar los conflictos sociales en base a prensa escrita supuso una serie de restricciones y límites de orden metodológico que presentaremos a continuación.
Estudiar el conflicto social
Estudiar la conflictividad social de manera integral, contemplando sus distintas motivaciones, expresiones, alcances e impactos supone un desafío para las ciencias sociales. Es por ello que tenemos que aclarar que los resultados presentados en este trabajo, lejos de lograr una caracterización acabada respecto a la conflictividad social rural paraguaya, constituyen una primera aproximación descriptiva, fundamentalmente de carácter cuantitativo, acerca de algunos aspectos generales del conflicto rural en el contexto al que hemos referido.
Dicho eso, las consideraciones que presentaremos a continuación surgen, como hemos dicho, del procesamiento de una matriz construida en base a la “Cronología del conflicto” publicada en la revista Observatorio Social de América Latina entre 2000 y 2012.3 Esta cronología ofrece un relevamiento de conflictos sociales en base a los periódicos de mayor circulación nacional. En el caso paraguayo, principalmente, se trabajó con los periódicos ABC color y Última hora.
Sobre esa base, nuestra unidad de registro fueron las distintas acciones “disruptivas” impulsadas por individuos o grupos al interior del espacio nacional paraguayo. En relación a esto último, es importante aclarar que en el marco de nuestro registro hemos decidido diferenciar entre conflictos y acciones. Es decir que un mismo conflicto puede estar constituido por distintas acciones, sea en simultáneo, o sean éstas diferentes episodios al interior de un conflicto mayor. Teniendo en cuenta esto, obtuvimos como resultado para el período 2000-2012 un registro total de 2994 conflictos y 3499 acciones.
Ahora bien, la opción por esta fuente supuso una serie de restricciones de índole metodológico. La mayoría de ellas vinculadas al hecho de que, como dijimos, la recolección de la información sintetizada en las cronologías se basó en las fuentes periodísticas. Esto, sin duda, planteó una primera limitación ligada las restricciones en el tratamiento de los conflictos por parte de los medios en cuestión.4 De esto se desprendieron dos límites principalmente. Por un lado, la arbitrariedad del criterio editorial de cada periódico respecto a la difusión y/o visibilización de un conflicto con todas las dificultades y sesgos que eso conlleva. Por el otro, la imprecisión en el tratamiento periodístico brindado a los distintos sujetos sociales que protagonizan estas acciones. Por poner un ejemplo, cualquier lector asiduo de la prensa de mayor difusión encontrará que se utilizan de manera indistinta los términos “campesino”, “carpero”, “pequeño productor”, “sin tierra”, “asalariado rural”, “proletario rural”, “agricultor familiar”, “labriego”, “peón”, etc. En muchos casos, se trata de sinónimos que refieren a un mismo sujeto pero en otros, bajo un mismo término, se engloba a sujetos con realidades materiales diferentes y, por ende, con intereses diferentes.5
Esto último constituyó una de las principales limitaciones presentadas por este abordaje del conflicto rural paraguayo en base a prensa ya que si bien, como veremos corroboramos una intensificación cuantitativa de la conflictividad social en el espacio rural nos vimos imposibilitados de dar cuenta con precisión qué sujetos impulsaron ese proceso.
Otra dificultad fue que no pudimos obtener información para todos los casos de las variables que nos propusimos en un inicio. Esto nos obligó a la hora del análisis, por un lado, a prescindir de algunas variables por no contar con un registro uniforme, y por el otro, a incorporar nuevas variables que, en el transcurso de la investigación, fuimos identificando como elementos claves a ser relevados.
La forma específica que históricamente ha asumido la acumulación de capital en los espacio nacionales de América del Sur se ha caracterizado por el importante peso de la producción de mercancías agrarias y mineras altamente demandadas en el mercado internacional. Tal como ha desarrollado extensamente Iñigo Carrera (2017), en dichos países, la estructura productiva se ha especializado en aquellas ramas primarias en las que logran una renta diferencial por la presencia de condicionamientos naturales superiores -y no reproducibles por el capital en otros territorios- que determinan los precios que rigen en el mercado mundial.
El espacio nacional paraguayo presenta este rasgo de manera muy evidente (Mussi y Villar, 2023). Allí los principales sectores que presentan la potencialidad de generar renta diferencial son el agrícola, el ganadero y el hidroeléctrico. Esto ha incidido, al igual que en el caso de otros países de la región, en la forma que ha tomado hasta la actualidad la acumulación de capital en este país.6 En esta línea, de acuerdo al enfoque que ha guiado esta investigación (Iñigo Carrera, 2013, Starista y Caligaris, 2017), el mercado mundial no es considerado como la suma de las economías nacionales interconectadas por medio del comercio exterior y los flujos de capital sino que cada espacio nacional, a través de la división internacional del trabajo, es “parte integrante del contenido económico global del proceso de desarrollo capitalista cuya fuerza decisiva es la valorización y acumulación de capital” (Starosta y Caligaris, 2017, p. 218). Con lo cual, para comprender acabadamente las transformaciones productivas desplegadas en este espacio nacional y su intensificación con el cambio de siglo, es preciso atender a determinados procesos que involucran a la economía mundial en su conjunto.
Casi a inicios de la década de 1980, ante las altas cifras de desempleo en los países industrializados tradicionales y el aumento de la producción manufacturera en algunos de los países considerados del Tercer Mundo, Fröbel, Heinrichs y Kreye (1978 y 1980) propusieron la tesis de la nueva división internacional del trabajo (NDIT). La NDIT refiere a las transformaciones desplegadas en la producción industrial a partir de la pérdida de rentabilidad en los países avanzados. En este proceso las empresas transnacionales (ETN) desplazaron parte o la totalidad del circuito productivo del tradicional corazón del capitalismo industrial a países, hasta el momento, de menor desarrollo.7 Así, la instalación de manufacturas intensivas en trabajo en el llamado Tercer Mundo, fue la contracara del declive industrial que prevaleció en los países centrales a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980.
En este marco, el crecimiento de China en particular y el despegue industrial del este asiático en general, desempeñaron un papel fundamental en el crecimiento de la demanda de materias primas iniciado a partir del año 2000 (FAO, 2013).8 Pero, como señala Arboleda (2017), en la medida en que en nuevos sectores del planeta se desarrollaron procesos de modernización industrial y urbanización, otras regiones se convirtieron en el destino de flujos de inversión destinados a megaproyectos de extracción de recursos naturales.
En este sentido, pese a las transformaciones de las que dimos cuenta, es importante señalar que América Sur no perdió su tradicional lugar en el desarrollo histórico del capital global como proveedora de materias primas (Kornblihtt, Seiffer y Mussi, 2016). Esto nos indica que la NDIT parece no haber alcanzado la reorientación productiva de todos los sectores del planeta postulada por los creadores de esta tesis. En esta dirección, Starosta y Caligaris (2017) consideran que para el análisis de realidades como la de América del Sur, es preciso combinar la tesis de la NDIT con la de la “división internacional del trabajo clásica” (DITC). Es decir que la relocalización de capitales en Asia que da forma a la NDIT, no invalida la coexistencia con la persistencia de la DITC en algunas regiones del mundo como es el caso de América del Sur.
En las últimas décadas, se observa a nivel global un aumento significativo en todas las categorías de productos de la agricultura (crudo, semi-procesado y procesado). Entre los productos agrícolas más demandados, el subsector de oleaginosas ha sido uno de los más dinámicos (Maldonado, 2005). Y el trigo, el maíz y la soja son las tres mercancías agrícolas más importantes en el comercio mundial (Herre, 2018) ya que no sólo son utilizadas como alimentos, sino también como forraje, agrocombustibles y como materias primas para otras industrias.9 En términos materiales, un elemento insoslayable en el crecimiento de estos rubros agrícolas, es el impulso brindado por lo que se ha denominado como la “revolución biotecnológica” en la agricultura.
En este marco, China es el principal importador, no sólo porque su rápido crecimiento económico ha generado cambios significativos en los patrones alimentarios de algunos sectores de su población, sino también porque, si bien el país concentra el 40% de los agricultores a nivel mundial, sólo el 9% de su territorio es cultivable. Es por ello que “la seguridad alimentaria y el acceso a materias primas agrícolas se han convertido en una de sus principales preocupaciones” (Mills, 2018, p.56).
La situación mundial favorable a la producción de commodities agrícolas favoreció, como adelantamos en un inicio, el despliegue de transformaciones productivas en el espacio rural paraguayo. Según el último censo agropecuario nacional (CAN), realizado en 2008, se registra una expansión de la frontera productiva del 30,5% en relación al censo anterior realizado en 1991.10
En términos de los usos del suelo, encontramos que esta expansión en la superficie estuvo ligada principalmente a la actividad agraria. En este marco, la superficie destinada a cultivos temporales, permanentes y hortalizas registró un incremento del 102,5% pasando de 1.662.006 hectáreas en 1991 a 3.365.203 hectáreas en 2008 y la superficie con pastura natural y cultivada se incrementó en un 41,9% pasando de 12.571.895 hectáreas en 1991 a 17.837.588 hectáreas en 2008. Al interior de la superficie destinada a la producción agrícola, el 83,2% se dedica al monocultivo a gran escala, principalmente de soja, mientras que solo el 16,8% restante se destina a la producción de otros alimentos y rubros de renta del pequeño productor como el algodón, la mandioca, el sésamo, el maní, etc.
Los rubros que registraron una expansión durante nuestro período de análisis, lo hicieron sobre la base de un incremento de su escala tanto espacial como técnica ya que tanto la producción ganadera, como la de soja, requieren no solo la amplia disponibilidad de tierra sino también grandes inversiones en tecnología. En este sentido, como señalan Levy Sforza, Costa Garay y González Cáceres (2018), según el CAN de 2008, el 73% de las tierras destinadas a cultivos agrícolas se utilizaban para la producción de soja y, a su vez, el 89% de esta superficie se ubicaba sobre fincas superiores a las 100 hectáreas. La realidad no es muy distinta si observamos el rubro ganadero, según estas autoras, el 82% de la población bovina se asentaba sobre fincas que superan las 100 hectáreas.
En este sentido, en términos generales, se observa una reducción del número total de fincas en los estratos inferiores (sobre todo las fincas de menos de 50 hectáreas) y un aumento en número y superficie en el estrato de las fincas superiores a las 100 hectáreas (CAN, 2008). Si tenemos en cuenta que Paraguay continúa siendo el país con el espacio rural más poblado de América del Sur, este proceso de concentración y centralización del capital agrario (Mussi y Villar, 2023) trajo aparejado el cercenamiento masivo de un importante sector de la población rural (Palau et al., 2009, Riquelme, 2015, Galeano, 2016, Villar, 2022). En las próximas secciones se exponen algunos resultados de la exploración empírica realizada en torno al comportamiento del conflicto social en el espacio rural paraguayo en este contexto.
3. Paraguay: el espacio rural en conflicto
En una primera aproximación, podemos observar que en nuestro período de análisis sobre un total de 3499 acciones, 1106 (32%) fueron impulsadas en el marco de conflictos ligados a la situación en el agro, mientras que el resto (68%) corresponden a manifestaciones explícitamente políticas o problemáticas urbanas de diversa índole (desde conflictos sindicales hasta luchas por acceso a la vivienda, salud, contra la inseguridad, por derechos civiles, entre otros).
Al enfocarnos en las acciones directamente desencadenadas por la situación en el agro, podemos observar que su número no se mantuvo estable durante nuestro período de análisis. Por el contrario, si dividimos nuestro período en tres partes, de las 1106 acciones registradas, 80 tuvieron lugar en el primer cuatrienio, 270 durante el segundo y 756 durante el tercero. Esto quiere decir que, porcentualmente, el segundo y el tercer cuatrienio concentraron el 92,8% de las acciones y solo el último concentró lo que equivale a más de la mitad de las acciones rurales de la totalidad del período, un 68,4%.
Gráfico 1. Conflictos sociales rurales (2000-2012) según cuatrienio
Fuente: Elaboración propia en base a “Cronología del conflicto” OSAL.
Tomando en consideración lo presentado en las primeras secciones, si atendemos al incremento del área sembrada de soja y otros monocultivos durante el mismo período, es interesante introducir la pregunta acerca del posible vínculo entre la expansión de estas transformaciones y la intensificación cuantitativa del conflicto social rural.
Gráfico 2. Área de siembra de soja y otros monocultivos* por año 2000-2012 (superficie en hectáreas)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas -CAPECO-(2018).
Dicho vínculo aparece con más evidencia si tenemos en cuenta que del total de conflictos desplegados en el espacio rural, un 73,32% de las acciones (811), estuvieron relacionadas a la disputa por la propiedad de la tierra. El 26,68% restante (295) fueron impulsadas por otros motivos aunque en gran medida también vinculados a la expansión de las transformaciones recientes, tales como reclamos vinculados a la protección de determinados rubros de la pequeña producción o la protección ambiental.
La expansión de la producción de monocultivos a gran escala tuvo lugar, principalmente, en la región Oriental pero también, como vimos, produjo profundas transformaciones productivas en la región Occidental al impulsar el desplazamiento parcial de rubros como la ganadería hacia esta última. No obstante, en lo que refiere a las cifras del conflicto podemos observar que el 85% de las acciones registradas en la totalidad del período considerado tuvieron lugar en la región Oriental, mientras que en la región Occidental, a pesar de representar el 60% de la superficie del país, sólo se produjeron el 2% de las acciones ¿Por qué existe una diferencia tan amplia entre ambas regiones?
Si bien tanto la región Oriental como la Occidental sufrieron directa o indirectamente las consecuencias asociadas a la expansión del monocultivo a gran escala, como señalamos anteriormente, a la hora de comprender los mayores niveles de conflictividad de una región sobre la otra, el elemento demográfico, aunque no único, es insoslayable. En este sentido, poco más del 97% de la población se concentra en la región Oriental (INE, 2020). Aunque es importante considerar que al interior de dicha región, algunas zonas por sus características específicas, presentaron mayor cantidad de conflictos que otras. Por ello, a continuación observaremos el peso de los conflictos por departamento.
El territorio paraguayo, en términos político-administrativos, se divide en 17 departamentos: 3 pertenecen a la región Occidental y 14 a la región Oriental, a los que se agrega Asunción como capital. Al interior de la región Oriental, los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Amambay, San Pedro y Caaguazú albergan los mejores suelos del país (Palau et al., 2009). A lo largo de la historia, esto ha convertido a estos territorios, originalmente cubiertos por el Bosque Atlántico Paranaense, en una región codiciada para el despliegue de monocultivos orientados al mercado internacional.
En sus inicios en la década de 1970, las inversiones orientadas hacia la producción de soja se ubicaron en los departamentos hoy considerados tradicionales en el cultivo de esta oleaginosa (Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa) por la calidad de sus suelos y su ubicación geográfica lindante con Brasil. De esta forma, quedaba delimitado lo que podríamos denominar un “primer anillo” de la “sojización” del territorio paraguayo. En las últimas décadas, al interior de estos departamentos, la superficie destinada a estos cultivos siguió en incremento. En el caso de Alto Paraná, por ejemplo, en el período agrícola 2011-2012 el 71,17% de su superficie cultivable ya estaba cubierta por monocultivos de soja, trigo, maíz, girasol y/o canola (Riquelme y Vera, 2013).
Sin embargo, si bien en la zafra 2003-2004 el 76% del total de la superficie de soja sembrada en todo el país se concentraba en los departamentos del primer anillo, el cuadro se fue modificando en la década siguiente. En esta línea, el impulso brindado por la suba de los precios internacionales, incrementó considerablemente el precio de la tierra en este primer anillo empujando a los productores de soja a buscar tierras en nuevos departamentos (Maldonado, 2005). Así, la superficie de este cultivo fue ganando lugar en otros departamentos distribuyéndose, al final de nuestro período, un 67% en la zona considerada tradicional o “primer anillo” y un 33% en un “segundo anillo” conformado por nuevos departamentos como San Pedro, Concepción, Amambay, Caaguazú, Guairá, Caazapá y Misiones.
Gráfico 3. Superficie sembrada de soja por departamento (2000-2012)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de CAPECO (2015).
En términos de conflictividad, ambos anillos, presentaron realidades heterogéneas. En este sentido, entre los tres departamentos del primer anillo concentraron el 20,3% de las acciones registradas en el período analizado, mientras que los departamentos del segundo anillo concentraron el 45,4%.11
Si nos detenemos en las cifras por departamento, la realidad no es muy distinta. Entre los departamentos del primer anillo, Alto Paraná fue el que presentó mayor peso en el porcentaje de conflictos con el 11,3% de las acciones. Mientras que Canindeyú e Itapúa, presentaron un 4,8% y un 4,2% respectivamente. En el caso del segundo anillo, los departamentos que presentaron un mayor porcentaje de acciones fueron San Pedro con un 25,5% y Caaguazú con un 7,3%. El 12,6% restante se repartió entre Guairá, Caazapá, Amambay, Concepción y Misiones.
A la hora de comprender la heterogénea distribución entre los departamentos en lo que refiere a las cifras de conflictividad, consideramos que es necesario contemplar la existencia de factores complementarios a la expansión de los monocultivos a gran escala. Entre ellos, el peso y la distribución geográfica de las unidades productivas destinadas a la agricultura campesina, como explicaremos a continuación, parece tener una incidencia fundamental.
Distintos autores proponen pensar la realidad agraria paraguaya a partir de la convivencia conflictiva de dos realidades. Por un lado, explotaciones agroexportadoras abocadas al monocultivo en grandes extensiones para el mercado externo; y, por el otro, pequeñas fincas denominadas campesinas basadas en la producción de autoconsumo combinada con algunos rubros de renta y cría de ganado menor (Galeano, 2016, Rojas Villagra, 2009, entre otros).
A los fines de nuestro análisis hemos optado por utilizar “agricultura campesina” para referir a aquellas unidades productivas de menor tamaño (0 a 50 hectáreas), más allá de si el origen de su mano de obra pertenece a un mismo grupo familiar, cuenta con mano de obra asalariada y/o si el objetivo preponderante de su producción es el autoconsumo, el mercado interno o la exportación. En este sentido, en 2008 la estructura agraria paraguaya estaba compuesta por 289.649 fincas de las cuales un 90% eran destinadas a la agricultura campesina ocupando una superficie equivalente al 6,3% de la totalidad de las tierras censadas (CAN, 2008).
En el período delimitado entre los años 2000 y 2008, este estrato perdió alrededor de 38 mil fincas -una superficie equivalente a 600 mil hectáreas- (Riquelme y Vera, 2015). Pese a su cada vez más reducida superficie de existencia, la agricultura campesina es la que continúa sosteniendo a la mayor cantidad de habitantes en el sector rural, al tiempo que la pobreza rural se encuentra mayoritariamente en los estratos correspondientes a este tipo de fincas, sobre todo en el caso de aquellas familias que poseen menos de 10 hectáreas (Riquelme y Vera, 2015). En estas condiciones, la expansión de monocultivos incrementó significativamente los enfrentamientos entre los campesinos y los grandes productores (Maldonado, 2005, Palau et al., 2009, Galeano, 2016, entre otros).
En este sentido, consideramos que la presencia y peso de las unidades productivas destinadas a la agricultura campesina puede ser uno de los elementos a considerar a la hora de comprender el peso del conflicto en los distintos departamentos. Según el siguiente cuadro, la relación entre la presencia de pequeños productores, el avance de los monocultivos a gran escala y la intensificación del conflicto social parece corroborarse en casos como los de San Pedro (282 acciones) y Caaguazú (81 acciones). Los mismos cuentan con la mayor concentración de pequeños productores del país (según el CAN 2008, San Pedro con 44.226 y Caaguazú con 37.476 fincas de entre 0 y 50 hectáreas). A su vez, la expansión de la frontera agrícola para la producción de monocultivos fue de un 170% (74.475 hectáreas) para el primero y un 68% (194.776 hectáreas) para el segundo (Palau, et al., 2009 y Riquelme y Vera, 2013).
Cuadro 1. Departamentos del primer y segundo anillo según fincas de 0 a 50 hectáreas (2008) y cantidad de acciones ligadas a conflictos rurales (2000-2012)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del CAN (2008) y la “Cronología del conflicto” OSAL.
Teniendo en cuenta la expansión de monocultivos en estos territorios tradicionalmente abocados a la producción de rubros de la agricultura campesina, no es sorprendente que dichos departamentos aparezcan entre los que más conflictos registraron, desde un punto de vista cuantitativo, en nuestro período de análisis. No obstante, como podemos observar en el cuadro anterior (ver cuadro 1), esta relación parece no corroborarse en todos los casos. Existen otros departamentos, con importante presencia de agricultura campesina -referimos a Itapuá con 31.048 fincas y Caazapá con 22.351- que, en comparación, no presentaron, en términos cuantitativos, un nivel elevado de conflictos: 47 acciones el primero y 21 acciones el segundo.
Consideramos que para estos casos es importante tener en cuenta que la relación entre expansión de los monocultivos, presencia de unidades abocadas a la agricultura campesina y conflictos no es mecánica. En este sentido, sin invalidarla en términos generales, esta relación no alcanza acabadamente para explicar la distribución geográfica presentada por los conflictos. Esto quiere decir que, a la hora de comprender la distribución del peso del conflicto en algunos departamentos por sobre otros, es preciso también contemplar la intervención de otros posibles factores además de la presencia de la agricultura campesina. Si bien trasciende las posibilidades de este trabajo profundizar en ellos, a continuación, esbozaremos algunas hipótesis al respecto.
4.2.2 Otros factores intervinientes en la distribución departamental de los conflictos
El primer elemento al que nos parece importante hacer referencia es, como dijimos al inicio, la no consideración de determinados zonas por parte del criterio editorial de las fuentes periodísticas en base a las cuales se realizó el registro. Al considerar solo periódicos de circulación nacional en el relevamiento, sin complementar el registro con periódicos fuentes regionales, esto, sin duda, puede afectar las cifras registradas por determinados departamentos.
Ahora bien, fuera de esta cuestión de índole metodológica, otro factor que puede incidir en la inferioridad numérica presentada por determinados departamentos es que las acciones no se circunscribieron exclusivamente a los departamentos que radican a los actores que las impulsaron. Esto, por ejemplo, podría explicarnos las altas cifras de conflictos rurales presentadas por Alto Paraná (125 acciones). Alto Paraná, no cuenta, en comparación con los departamentos antes mencionados, con una importante presencia de unidades de agricultura campesina (17.388 fincas). Sin embargo, uno de los factores que pudo incidir en la intensificación de conflictos en esta zona es la existencia de tierras “disputables”.12
En este sentido, si nos detenemos en algunas de las ocupaciones de tierra registradas en nuestro período en dicho departamento, podemos observar que los impulsores, en muchos casos, no eran originarios de Alto Paraná, sino que, ante la situación de precariedad en sus departamentos de origen, se trasladaron allí debido a la existencia de tierras cuya condición legal presentaba la posibilidad de una disputa. Uno de los casos paradigmáticos en este sentido fue la ocupación de la finca 4036 en el distrito de Ñacunday en la zona este de Alto Paraná el 21 de abril de 2011. Más de 10 mil campesinas y campesinos oriundos de distintos departamentos reclamaban 28 mil de las 54 mil hectáreas ocupadas por la empresa Agro Toro S.A., del Grupo Favero (de origen brasileño). La ocupación se mantuvo en dicha finca hasta febrero del 2012, cuando las familias fueron trasladadas por el gobierno al Parque Ñacunday (Vuyk, 2015).13 En este sentido, podemos ver que la existencia de tierras disputables en uno u otro departamento puede haber sido un factor de intensificación de los conflictos más allá de la pertenencia original de los actores que se ven involucrados en los mismos.
Otro caso que refleja que las acciones analizadas no siempre se circunscribieron a los departamentos de origen de sus impulsores es el de Asunción. Allí, pese a ser una ciudad, tuvieron lugar el 15,8% de las acciones rurales (175 acciones). Consideramos que esto se debe a su condición de capital y, por ende, sede de los principales órganos del gobierno central.
Otro elemento que aparece a la hora de comprender, en el marco de determinadas condiciones, la heterogeneidad entre los departamentos en las cifras del conflicto rural, es el político. Esto incluye, además de la existencia de organizaciones o espacios de reunión y acción colectiva en un territorio, las políticas implementadas por el gobierno en lo que refiere a la realidad agraria.14 Si bien emprender un análisis de estas características trasciende las posibilidades de este trabajo es importante tener en cuenta que tanto las políticas de gobierno -de asistencia, contención o represión del conflicto-, como la de las organizaciones existentes, son un factor de peso a la hora de comprender el alza o baja de la conflictividad en determinados contextos.
Por último, otro factor a tener en cuenta es la cercanía de los centros urbanos. Como señala Vázquez (2016), es preciso analizar el papel que cumplen las ciudades emergentes como plataformas de acceso a bienes, servicios y oportunidades para las zonas. En este sentido, la cercanía de centros urbanos como polo de absorción de los sectores desplazados de la producción agraria puede haber intervenido en la disminución del conflicto rural en determinadas latitudes, lo que se tradujo a su vez en el incremento de la población urbana en el marco de la emergencia y crecimiento de ciudades intermedias (Riquelme y Vera, 2015) y, probablemente, como ya señalamos, en el incremento de conflictos sociales urbanos de determinado tipo.
Consideraciones finales
En el presente trabajo, a partir de la exploración empírica, expusimos algunas consideraciones descriptivas sobre el comportamiento del conflicto social rural en Paraguay en el período 2000-2012.
Para ello, en una primera parte, presentamos algunos elementos acerca de la forma específica que históricamente ha tomado la acumulación de capital en los países de América del Sur. Luego, revisamos el proceso de reordenamiento económico mundial vinculado al despliegue de una nueva división internacional del trabajo de la mano del despegue industrial de los países asiáticos y su incidencia en la persistencia de los espacios nacionales de América del Sur en su rol de productores de materias primas. Sobre esta base, analizamos la expansión de rubros en el espacio agrario paraguayo con un importante requerimiento de procesos de concentración y centralización del capital.
En este marco, presentamos algunos aspectos, principalmente descriptivos, del comportamiento del conflicto en el espacio rural paraguayo. Es así que, desde una perspectiva cuantitativa, pudimos demostrar la intensificación del conflicto rural durante el período analizado y esbozamos algunas hipótesis respecto a la relación entre dicha intensificación y las características demográficas y productivas de la sociedad paraguaya. En esta línea, analizamos la distribución geográfica de las acciones y encontramos que la mayor cantidad tuvieron lugar en la región Oriental que, además de ser la más poblada, es donde se difundieron con mayor intensidad las transformaciones mencionadas. Sin embargo, observamos que las cifras de conflicto presentadas por los departamentos al interior de esta región no eran homogéneas frente a lo cual dimos cuenta de otros factores complementarios potencialmente incidentes.
Las dinámicas de la conflictividad social que examinamos parcialmente en este artículo, más allá del crecimiento económico difundido y defendido por algunos sectores, pueden constituir evidencias del impacto que han tenido las transformaciones productivas recientes en el espacio rural más poblado de América del Sur.
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Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Becaria del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCYT), Universidad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos Aires.↩︎
Este artículo presenta algunos resultados de la investigación realizada sobre el vínculo entre la expansión de transformaciones productivas agrarias y la intensificación de la conflictividad rural en Paraguay en el marco de la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires entre 2016 y 2019.↩︎
La construcción de dicha matriz fue realizada en el transcurso de seis meses. En una primera etapa (para el período 2000-2006) sistematizamos las cronologías disponibles en la versión impresa de OSAL. En una segunda etapa (enero de 2007 a junio 2012) CLACSO nos facilitó la versión digital de las cronologías ya que a partir de 2007 las mismas dejaron de ser sección de la versión impresa.↩︎
Otra dificultad es que las cronologías no incluían relevamiento de los meses de abril de 2000 y agosto y diciembre de 2007. Por consiguiente, no pudimos tomar registro de esos meses en nuestra base de datos.↩︎
Esta imprecisión también es común en muchos abordajes académicos. Algunos trabajos, desde diferentes perspectivas han logrado análisis y sistematizaciones que han permitido avanzar en una identificación más precisa de la heterogeneidad existente en el sector agrario (Rojas Villagra, 2009, Galeano, 2016, Villar, 2022, entre otros).↩︎
Para profundizar en este aspecto para otros países ver Iñigo Carrera (2007) y Caligaris (2017) para Argentina, Grinberg (2015) para Brasil, Dachevsky y Kornblihtt (2016) para Venezuela, Oyhantçabal y Sanguinetti (2017) para Uruguay y Kornblihtt y Rivas (2018) para Chile, entre otros-.↩︎
Con ello los autores refieren, en un primer momento (siglo XIX), al desarrollo de la base productiva encabezado por Inglaterra y Europa occidental y, posteriormente (siglo XX), a los casos de Estados Unidos, Japón, entre otros (Fröbel, Heinrichs y Kreye, 1978).↩︎
Por orden de magnitud: los hidrocarburos experimentaron los aumentos más notables, seguidos por los minerales y los bienes agrícolas (Albrieu y Rozenwurcel, 2015).↩︎
Su empleo con diversos fines les ha ganado el nombre genérico de flexcrops o cahscrops (cultivos flexibles o de caja rápida) (Herre, 2018).↩︎
Los últimos Censos Agropecuarios Nacionales realizados en Paraguay fueron los del año 1981, 1991 y 2008.↩︎
El 34,3% restante de las acciones rurales se repartieron en un 6,1% entre distintos departamentos (Paraguarí, Central, Ñeembucú, Presidente Hayes, Alto Paraguay, Boquerón, Cordillera), un 15,8% en la ciudad de Asunción (ver sección 4.2.2), un 8,4% en distintos departamentos en simultáneo y un 4% en departamentos no especificados por la fuente.↩︎
En Paraguay existe un alto número de tierras cuyas adjudicaciones o condición de tenencia actual están siendo cuestionadas. En general se denominan tierras “mal habidas” y se refiere a aquellas fincas entregadas a personas que no cumplían con los requisitos para ser consideradas sujetos de la reforma agraria tanto entre 1954 a 1989, como entre 1989 al 2003 (CVJ, 2008). La situación se ve agravada por la superposición de títulos y la inexistencia hasta la fecha de un catastro de tierras a nivel nacional.↩︎
Otro conflicto que colocó a las tierras mal habidas en el centro de la escena fueron las ocupaciones que tuvieron lugar en 2012 en Marina Kue, distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Dichas ocupaciones intentaban recuperar las tierras apropiadas por la empresa Campos Morombí de los hijos del fallecido empresario y político colorado Blas N. Riquelme quienes, a su vez, la arrendaban a capitales brasileños para el monocultivo de soja transgénica. El reclamo se centraba en dos mil hectáreas que anteriormente habían sido propiedad de la empresa La Industrial Paraguaya S. A. y donadas a la Armada Paraguaya en 1967 (Benegas Vidallet, 2013, Vuyk, 2015).↩︎
Algunos trabajos que proponen una caracterización de las organizaciones Palau M. (2002), Pilz, Riquelme y Villalba (2002) y Galeano (2016), entre otros.↩︎