compleja e infinita, pero que es imprescindible para la resolución racional,
justa y pacífica, de conflictos (Michelini y Romero, 2012). Desde la
perspectiva apeliana, y tal y como se ha desarrollado más arriba, resulta
necesaria la complementación entre el principio del discurso y una
estrategia moral a largo plazo; es lo que Maliandi (2007) propone pensar
como un paradigma de restricción compensado en la Ética del discurso, en
tanto que responsabilidad histórica y discurso de aplicación de las normas
morales a los diversos subsistemas del mundo de la vida, entre los cuales la
política suele ser uno de los más complejos, dado que tiende a estar
colonizado por la racionalidad estratégica en la era del tecnoceno y del
capitalismos de la vigilancia. “Pero la diferencia esencial del paradigma de
´restricción compensada’ con el del ´rigorismo´ se da en el criterio de
aplicabilidad. La ética del discurso no sólo es una ética de ´dos niveles´,
sino también de ´dos partes´ (A y B). Si la parte A proporciona la
fundamentación del principio apriorístico entre las condiciones de toda
argumentación, la parte B intenta una fundamentación de las ´condiciones
de aplicación´” (Maliandi, 2007, p. 55). La aplicación de las normas bien
fundadas admiten, en la Ética del discurso, el reconocimiento de las
condiciones de aplicación de las mismas. Lo anterior, lejos de tender a un
relativismo moral –morales contextuales-, intenta aplazar de forma
razonable la aplicación del principio del discurso, hasta que se hayan
generado las condiciones de su aplicación. En la realidad concreta, en un
sentido amplio, y en las diversas coyunturas políticas, en un sentido más
restrictivo, la aplicación de un principio no es algo que se lleva delante de
forma meramente abstracta, sino que siempre se refiere a situaciones e
interacciones puntuales, con mayor o menor grado de generalidad, de los
distintos subsistemas del mundo de la vida. Por lo tanto, habrá muchas
situaciones en las que los interlocutores, aun habiendo reconocido la
validez del principio del discurso, no puedan, por coacciones fácticas o
funcionales sistémicas, llevarlo a cabo en su realización efectiva, por
ejemplo, a través de un discurso práctico o en la deliberación parlamentaria.
En tal sentido, este aplazamiento no significa una renuncia a la racionalidad
discursiva, o admitir sin más el primado de la racionalidad estratégica en el